08 de junio de 2022


Activistas que defienden distintas causas en el Estado de México, como las feministas que reclaman el derecho al aborto, la comunidad LGBTTIQ+ que espera hace 15 años la aprobación de del Matrimonio Igualitario; periodistas que demandan un alto a las agresiones o las madres de víctimas de feminicidio o desaparición que pugnan por justicia, coincidieron en un aumento de las agresiones y persecución oficial contra colectivos y defensoras por parte de autoridades mexiquenses en todos los niveles.

En el día que se conmemora la Libertad de Expresión, la cual generalmente se atribuye a una prerrogativa exclusiva de periodistas y medios, aunque es un Derecho Humano reconocido mundialmente en las democracias modernas, integrantes de distintos colectivos que también hacen suyo esta garantía para visibilizar sus agendas, revelaron que resulta cada vez más peligroso salir a las calles en la entidad y protestar por lo que sea, así se trate de justicia o incluso para defender la propia libertad de expresión.

Entrevistados por separado, a las y los activistas se les plantearon dos preguntas concretas con motivo del 7 de junio y una denuncia reciente realizada por una activista del Colectivo Ehecátl, sobre un aumento en las agresiones a colectivos por parte de la actual administración.

Las preguntas fueron las siguientes: ¿Crees que se han recrudecido las agresiones y persecución oficial contra activistas en Edomex? Y ¿Qué significa actualmente ser activista en Edomex?

Al respecto Ricardo Torres, activista gay en el Estado de México y presidente de “Fuera del Clóset”, aseguró que se ha dado un aumento en las agresiones en contra de activistas y periodistas derivado de que siguen siendo “personas incómodas” para los propios gobiernos en turno y aparte sobre todo, dijo, porque persisten graves condiciones de impunidad, pues actualmente quitarle la vida a un activista o periodista no se castiga.

Consideró que el 90% de las denuncias por agresiones o desaparición, o asesinato de periodistas o activistas en Edomex, no se resuelven, además de que quienes se señalan como principales agresores son servidores públicos o personas que ostentan del poder.

Maricarmen Aguilar, una de las pocas activistas independientes que luchan por la libertad de expresión en el Estado de México, luego de que su compañero Nevith Condes Jaramillo, fuera asesinado en el sur de la entidad, acuso que la persecución de activistas en la entidad “se ha recrudecido, esto en parte opinó “por la aberrante corrupción que existe en todos los niveles de gobierno la colusión entre criminales y funcionarios se convierte en un binomio letal”, sostuvo.

Por su parte Laura Curiel, mamá de Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida desde el 2015 y coordinadora del Colectivo “Mariposas buscando corazones y justicia”, coincidió en un aumento de la criminalización y persecución de activistas en la entidad e incluso aseguró que ella misma “es una prueba de lo que ocurre”.

“Qué por qué busco a mi hija, qué por qué no sigo con mi proyecto de vida, que por qué defiendo a integrantes del colectivo, qué por qué alzo la voz, que por qué hago lo que hago hoy en día. Claro que nos golpean de forma política, de forma colectiva en diferentes aspectos y creo que cada día crece más el riesgo para mí como familiar de una persona desaparecida”, señaló.

A su vez Gabriel Gutiérrez Cureño, un activista por los derechos políticos y exdiputado local, aseguro que conforme el partido hegemónico en México se ha ido diluyendo, la persecución contra activistas ha disminuido “sin dejar de ser grave en casos y temas particulares”, dijo.

Gutierrez Cureño también aseguró observar un panorama “desolador” para el activismo social en Edomex, no solo por el riesgo sino también porque la coptación de viejos líderes sociales, lo que ha desacreditado la actividad y la ha inhibido, aunque confió en que pasando el actual sexenio surjan nuevas generaciones de activistas.

También opinó que paradójicamente con la llegada de la 4T, se ha desalentado el activismo para ser desplazado por el “sectarismo”, pues han llegado a los gobiernos grupos cerrados y lo que cuenta ahora son “las relaciones”.

Ernesto Montes de Oca, activista por los Derechos Humanos de la población LGBTTTI+ coincidió en un aumento en la persecución, criminalización e incluso sabotaje de los activistas mexiquenses, pues el Estado local ha adoptado diversas formas para detener u obstruir su labor, lo que hace su actividad defensora cada vez más peligrosa.

“A mí me parece que sí se ha agudizado la persecución de activistas en tanto hay varios mecanismos y acciones que cuestionan por una parte la labor que se hace desde las organizaciones civiles y por otra en el sentido de que las demandas que se exigen encuentran oídos sordos ante las instituciones, de no resolver ninguna de las problemáticas, en atender a medias los temas, en llevar a cabo acciones que no se concretan y por otra parte, habría que señalar que en muchas ocasiones se busca pervertir el trabajo de quienes ejercen el activismo, desde el control gubernamental, institucional; desde el contratar –a activistas- el que se sumen a las filas de las instituciones y que ello parezca que es un forma de silenciarles, de poder coptarles y por otra hemos presenciado que exista represión policiaca, persecución, desapariciones amenazas, labores de intimidación y espionaje por defender causas que no son visibles, que no están siendo atendidas por el estado y que estas denunciando a las estructuras del poder y que a quienes ostentan este poder no les gusta que se les cuestione”, señaló.

Agregó que cuestionar a ese poder, mediante la denuncia de la inacción o desatención de Derechos, “pone en grave riesgo la labor” de los activistas. Entonces sí se ha recrudecido y se ha invisibilizado en muchas ocasiones”, sostuvo.

Por su parte María Matus, quien pidió ser citada así y una de las miles de feministas que salieron el pasado 8 de marzo para exigir la despenalización del aborto y protestar por los feminicidios y la falta de justicia para las madres que han perdido hijas por este delito, también consideró un aumento en la criminalización del activismo estatal y reveló que tras esa marcha, diversas instituciones locales salieron para pedirles “llegar a un acuerdo”, lo cual rechazaron.

Agregó que para las feministas mexiquenses, está siendo cada vez más peligroso salir con el estandarte de la despenalización del aborto, pues su demanda está siendo “criminalizada por estigma y por falta de voluntad política”.

A su vez Lorena Gutiérrez, quien se volvió activista buscando justicia para su pequeña hija Fátima, víctima de feminicidio en el municipio de Lerma con solo 12 años de edad, no solo confirmó un aumento en la persecución y criminalización de activistas, sino también una infiltración “de falsas activistas pagadas por el gobierno y ubicadas en sitios estratégicos de toma de decisiones”.

Se trata de activistas que encabezan ´órganos autónomos, unidades de atención y otros espacios que deberían estar ocupados por activistas reales, pero que se cedieron a falsas defensoras mediante la utilización de organizaciones fantasma.

A la pregunta planteada a todas estas activistas sobre “¿Qué significa ser defensor de alguna causa o Derecho en el Estado de México”, todas y todos coincidieron que significa un “riesgo” o un peligro”, tanto personal como para familiares y amigos.

Estimaron que salir a demandar Derechos no reconocidos o justicia en una entidad con uno de los índices más altos de inseguridad y de mujeres asesinadas, es más que nunca una de las actividades más estigmatizantes desde el poder y también una de las acciones menos productivas, pues prácticamente los avances y las respuestas son nulos.

Sobre la existencia de presuntos falsos activistas, defensores como Ernesto Montes de Oca, Lorena Gutiérrez y Maricarmen Aguilar, además de Laura, confirmaron su existencia.

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

En solo 10 meses el Estado de México ha registrado al menos tres agresiones directas contra periodistas y otras tres contra feministas, algunas de las cuales marcaron hitos en la zaga ya de por si famosa, de represiones sociales en la entidad.

Algunas de las más recordadas ocurrieron a las puertas del Congreso Local, recientemente bautizado como “Casa del Pueblo”, donde colectivos feministas fueron repelidos brutalmente con chorros de agua lanzados a presión desde la parte superior del edificio, en acciones ocurridas en agosto y septiembre del 2021.

Los colectivos demandan desde hace años la despenalización del aborto y pese a que fue una “promesa” de Morena desde la pasada Legislatura como parte de su agenda en Edomex, esta no ha sido cumplida porque el PRI no le da permiso ni el gobierno del Estado, al menos eso se infiere de las justificantes que han dado tanto el líder camaral, Maurilio Hernández como el resto de sus legisladores y legisladoras.

El pasado 19 de mayo, periodistas y activistas de la comunidad LGBTTTI+, sufrieron una represión policiaca mientras los primeros realizaban una manifestación pacífica a las puertas de la Catedral para reclamar el incumplimiento de acuerdos asumidos por legisladores del PRI y Morena, para aprobar el Matrimonio Igualitario. El segundo grupo, los reporteros y reporteras, también sufrieron la embestida. Cinco resultaron con golpes y dos activistas con lesiones. Minutos posteriores la refriega se repitió a las puertas del Congreso Local, de nueva cuenta.

También el 5 de agosto del 2019 un periodista fue agredido por policías municipales y el 1º de julio del 2019, otros dos por inspectores del ayuntamiento. Otra de las represiones en Edomex contra activistas han encendido alertas de organizaciones internacionales por haberse realizado en escenarios inusuales. Por ejemplo, entre el 10 y el 11 de septiembre del 2020, colectivos y activistas feministas que se encontraban en el interior de la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), fueron desalojadas y detenidas violentamente por policías que las propias autoridades del organismos solicitaron, lo que degeneró en un escándalo internacional.

En respuesta la ONU pidió una investigación y sanción a los responsables, lo que a la fecha no se cumplió.

También en febrero pasado, la activista Carmen Zamora denunció agresiones contra activistas del colectivo Ehecatl al interior de instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), asegurando que las persecusiones contra defensoras se han incrementado en la actual administración.

Finalmente el pasado 25 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó un un aumento en la violencia contra defensores de la región y citó el caso de Kenia Hernández, como un ejemplo de la presunta “criminalización” de activistas al fincársele en el Estado de México cinco causas penales.

“En materia de criminalización, conoció sobre la presunta criminalización de Kenia Inés Hernández Montalván, en México, quien estaría procesada por al menos 5 causas penales, según información del Estado. Hernández Montalván es defensora indígena, coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.

La CIDH destacó en su avance de informe 2021, que “la criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio”, además de asegurar que “el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales, sin fundamentos en contra de ellas las defensoras en el caso de Kenia-, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos. En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes.

Por lo anterior, activistas y defensores, además de periodistas independientes, coincidieron en que el pasado 7 de junio, no hubo nada que celebrar en el Estado de México, tierra de represiones.





Ma. Teresa Montaño