Circulaban criminales por Iguala pese a denuncias al Ejército

“Hombres armados han regresado a patrullar este pueblo”, escribió una persona de Apipilulco un mes antes de la desaparición de los estudiantes. “Se reúnen al costado del panteón de este pueblo, también se reúnen en el zócalo de Cocula, Guerrero, sin ser molestados por los ministeriales, estatales o municipales”.

En su conjunto, estos mensajes —a los que se ha corregido la puntuación para facilitar su lectura— evidencian el miedo y la frustración de habitantes de la zona por la impunidad con que los grupos criminales patrullaban por los lugares, y secuestraban y extorsionaban a la población, en aparente colusión con la policía local. Demuestran también que los miembros del batallón 27 tenían conocimiento de estos hechos.

"Hubo todas estas denuncias ciudadanas sobre altos niveles de actividad criminal justo ahí, en esa parte de Guerrero, en las semanas y meses antes de que se llevaran a los chavos, y claramente no se hizo nada", dijo en entrevista Kate Doyle, analista del National Security Archive (NSA) en Washington. "Los mensajes son escalofriantes porque sabemos lo que ocurre después".

Estos correos respaldan los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en varias ocasiones ha subrayado el amplio conocimiento que tenía el personal militar sobre las acciones de los criminales en la zona, incluida la noche de la desaparición de los normalistas. En su quinto informe, el pasado 31 de marzo, afirmó que existen decenas de documentos elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala que permitirían conocer lo ocurrido a los jóvenes, pero su existencia es negada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Ellos [los militares] hacían seguimiento al narco y a los temas de delincuencia organizada”, indicó Carlos Beristain, miembro del GIEI, en entrevista. La noche del ataque, “la decisión fue no hacer nada”.

No queda claro si las denuncias dirigidas al batallón 27 fueron investigadas o verificadas por militares u otra autoridad competente. Se buscó la versión de la Sedena, pero el área de comunicación social no respondió a un cuestionario.

Según Beristain, las acciones del ejército en los meses anteriores al ataque contra los estudiantes, salvo algunos desplazamientos y detenciones, fueron limitadas. “Lo que sabemos es que no hay ninguna desactivación de la estructura criminal en Iguala”, precisó.

Las denuncias forman parte de los más de cuatro millones de correos filtrados en septiembre del año pasado por el grupo Guacamaya. El hackeo de más de seis terabytes de documentos de la Sedena es una de las brechas más graves en la seguridad interna del país.

El gobierno no ha desmentido la autenticidad de los correos, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el contenido es “ilegal, porque no se puede extraer, hackear, información de ninguna dependencia del gobierno”.

Disparos, ‘halcones’ y complicidades

En la época en que se hicieron las denuncias, la zona vivía un momento de alta inseguridad, con varios grupos criminales en conflicto. Guerreros Unidos operaba en Iguala y los pueblos cercanos, controlando el trasiego de drogas entre Guerrero y Chicago, pero los correos aluden también a grupos armados de Atzcala y a la Familia Michoacana.

Tan complicada era la situación en el estado que desde el 2011 se había implementado el programa Guerrero Seguro, que contaba con la participación de elementos militares, incluidos miembros del batallón 27, de la marina, y policías federales, estatales y municipales; en 2014 era coordinado por el coronel Rafael Hernández Nieto, quien comandaba el 41 Batallón de Infantería, con sede también en Iguala.

Los mensajes, enviados en los ocho meses anteriores al ataque contra los estudiantes, probablemente surgieron de la campaña de la Sedena “Nosotros Sí Vamos”, que llamaba a la ciudadanía a denunciar los delitos, y que el batallón 27 promocionaba con un cartel en sus instalaciones.

En algunos casos, los correos también fueron enviados a direcciones electrónicas de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, la entonces Secretaría de Seguridad Pública y otras áreas de la Sedena.

Aunque no queda claro hasta qué nivel de la cadena de mando llegaron las denuncias, un mensaje de mayo de 2014 está dirigido específicamente “para [la] atención de mi coronel José Rodríguez Pérez”, quien estaba al mando del batallón 27 en la época y fue detenido el año pasado por su presunto involucramiento en la desaparición de los normalistas. El hoy general ha negado las acusaciones en su contra.

El correo fue enviado por un representante de una minera de la zona; la misma persona dirigió un nuevo mensaje el mes siguiente “para atención del teniente [Joel] Gálvez [Santos}”, quien también ha sido investigado por el caso Ayotzinapa, con un documento que detalla cómo un grupo armado “autonombrado policía comunitaria de Atzcala” desde tres meses antes “ha ido tomando el control del poblado”, localizado en el municipio de Cocula.

“El pasado sábado 24 de mayo sus integrantes dispararon sus armas durante la noche simulando tener un enfrentamiento con un grupo rival y al día siguiente reunieron a los pobladores en Atzcala para pedir su colaboración y sus armas que tienen en sus domicilios para usarlas en caso necesario”, señala el mensaje.

Los integrantes del grupo, agrega, portaban fusiles tipo AK-47, AR-15 y también pistolas calibre 9 mm.

En otro correo, de julio del 2014, un ciudadano denuncia a supuestos halcones que están operando en Iguala, aunque no detalla a qué grupo criminal pertenecen.

“Ya había llamado al número para denuncias anónimas, sobre estos tipos que son halcones”, escribe. “Ahora están intimidando a los vecinos y comerciantes del lugar con protección a cambio de dinero”.

El remitente percibe una aparente complicidad entre la policía local y los supuestos delincuentes: “Los he visto platicando con tránsitos y policías municipales, hasta con los bomberos de protección civil”.

Otra serie de correos enviados en junio de 2014 describen actividades de Guerreros Unidos en Iguala, e incluso adjuntan fotos de varios sujetos, algunos armados con fusiles de alto calibre.

“Ellos son los jefes de plaza de Huitzuco, Iguala y Apaxtla”, dice un correo con el asunto “Guerreros Unidos”. “Hay dos que avisan de las revisiones en dónde y quién va a ir, uno apodado el ‘Flaco’ es militar, ahora trabaja en la ministerial”.

Otro mensaje de la misma persona describe cómo “arriba del autopuerto [sic] está un cerro, hay brechas y allí tienen a secuestrados”. Continúa diciendo que en la colonia Loma del Zapatero en Iguala “circula una Tacoma blanca por el Chaparro, alias; ellos nos torturaron en febrero y en el retén de Ahuehuepan nos quitaron los coches, hay chavas con uniformes”.

En otro correo de abril del 2014, que fue publicado por el NSA, un sujeto relata que miembros de un grupo criminal operaban “impunemente con sus armas AK-47, ingresaban por el centro de dichas poblaciones a sus ayuntamientos y enfrente de las policías municipales”.

La denuncia, que se refiere principalmente a los poblados de Apaxtla, Teloloapan, Cuetzala y Cocula, afirma que, aunque ya no circulan tan libremente, los delincuentes siguen activos: “No es un cártel del narcotráfico, sino más bien son una gavilla de asaltantes, rateros y secuestradores, que ponen sus retenes para secuestrar gente”.

El mensaje termina detallando la fecha y el lugar donde se podría capturar a un sujeto apodado el Pez: Johnny Hurtado Olascoaga, presunto líder de La Familia Michoacana en Guerrero.

“Se los manifiesto para pedirles de favor que hagan un buen operativo tierra-aire”, escribe el denunciante. “Y si no lo hacen, ya no podemos confiar más en ustedes tampoco”.

En marzo de este año, integrantes de la Sedena, la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizaron un operativo para tratar de capturar al Pez y a su hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocido como el Fresa. Ambos escaparon y siguen en libertad.