24 de junio del 2023


A 24 años de la desaparición de Antonio González Méndez, miembro de las bases civiles de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), su esposa Sonia López Juárez mantiene que el Estado mexicano es responsable del hecho por ocurrir en un contexto de contrainsurgencia en Chiapas, pero los representantes gubernamentales se niegan a reconocerlo, como se evidenció este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Se trata del primer caso que llega a esta instancia internacional por violaciones cometidas en el marco de la política de contrainsurgencia emprendida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras el levantamiento zapatista de enero de 1994.

Aunque el Estado no niega la existencia de grupos paramilitares, rechaza que el caso de González Méndez sea catalogado como una desaparición forzada, con el argumento de que no hay indicios claros que permitan suponer que el delito se cometió con la participación o permisividad del Estado.

“Me siento enferma, preocupada, por mis hijos, cómo los voy a sostener, a alimentar. Estoy cansada, ya no quiero trabajar, me duele la cabeza, mi corazón y mi cuerpo, siento que no tengo fuerza”, dijo López Juárez en la audiencia virtual ante el tribunal perteneciente a la Organización de los Estados Americanos, que se realizó para determinar si el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección y las garantías judiciales, y a la obligación de no practicar la desaparición forzada.

González Méndez tenía 32 años cuando fue desaparecido el 18 de enero de 1999 en la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla, al norte de Chiapas.

Perteneciente a la etnia chol y militante del Partido de la Revolución Democrática, atendía una tienda cooperativa llamada Arroyo Frío, vinculada a simpatizantes del EZLN.

El día de su desaparición estaba con un joven de 17 años, llamado Juan Regino López, a quien iba a comprarle un arma. González Méndez le dijo a su esposa, con quien tiene cuatro hijos, que regresaría a su casa cerca de la una de la mañana, pidiéndole que lo esperara despierta para que le abriera la puerta, pero nunca volvió.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que acompaña a la familia del zapatista en su búsqueda de justicia, centrada en la localización de González Méndez y en el castigo de los responsables, López pertenecía al grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, conocido en la región como Paz y Justicia, cercano al Partido Revolucionario Institucional.

Aunque en enero de 2022 el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, en un acto de disculpa pública, reconoció al zapatista como víctima de desaparición forzada, ante la Corte IDH los representantes del Estado mexicano reiteraron la postura de que el caso no puede ser considerado con esa tipificación y, por lo tanto, el Estado no tiene responsabilidad internacional. Cuando cuestionaron a la esposa de González Méndez cómo sabía que López era miembro de Paz y Justicia, les respondió que debido a que también había destruido una iglesia en su comunidad.

“El Estado mexicano ha aceptado la responsabilidad internacional por haber fallado en proveer una adecuada protección y garantías judiciales a los peticionarios; no obstante, es importante señalar que no existe ningún elemento en el presente caso que permita inferir que dichas falencias hayan sido derivadas o estén relacionadas con la identidad de los peticionarios, su filiación política, ideológica o cualquier otra categoría de discriminación”, agregó Salvador Tinajero, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Para el Frayba, la respuesta del Estado transfiere a los familiares de González Méndez la carga de la prueba, al pedirles que acrediten que López era miembro de Paz y Justicia, cuando es labor del Ministerio Público.

La organización pidió que se reactive la búsqueda del zapatista, que se cree una fiscalía especial para el contexto de contrainsurgencia en Chiapas, que se asegure la atención física y psicológica de sus familiares, y que se cree una comisión de la verdad para este caso.

Tras la desaparición de González Méndez en 1999, sus familiares y el Frayba llevaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto del año siguiente. En mayo de 2019, la CIDH presentó su informe final sobre el caso, en el que señaló que desde 1995 se registró la militarización de la zona norte de Chiapas y el surgimiento de grupos paramilitares con la protección del Ejército mexicano, cuya acción estuvo dirigida contra militantes del PRD e integrantes de movimientos de reivindicación indígena ligados al EZLN.

“La Secretaría de la Defensa Nacional elaboró el ‘Plan Campaña Chiapas 1994’ con el objetivo de ‘destruir y/o desorganizar la estructura política militar del EZLN’. Ese documento sentó las bases del paramilitarismo en Chiapas, pues ordenó directamente utilizar a la población civil para contribuir en las actividades del Ejército mexicano”, se lee en el informe.

“Uno de los grupos paramilitares que surgió en este contexto fue Paz y Justicia, específicamente en la región chol del norte de Chiapas, donde se encuentra ubicado el municipio de Sabanilla. [...] Esta organización era la principal acusada como instrumento de atentados contra los líderes y organizaciones que reivindican la autonomía indígena y defienden su propiedad de la tierra que ocupan”, agrega el documento.

El Frayba ha documentado que la presencia paramilitar en el norte de Chiapas generó 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4,500 personas desplazadas, además de privaciones ilegales de la libertad y actos de tortura.

Pese a este contexto, la CIDH consideró en 2019 que no se podía probar que López fuera miembro de Paz y Justicia, por lo que tampoco era posible acreditar la desaparición forzada, es decir, la desaparición de una persona perpetrada por agentes del Estado o individuos que actúen en su nombre, una conclusión que los representantes del gobierno refrendaron ante la corte.

En la audiencia del miércoles, la CIDH destacó que las autoridades no realizaron una investigación exhaustiva de los hechos. También subrayó que, a 24 años de ocurrida la desaparición, el Estado no ha reparado el daño a las víctimas, no ha localizado a González Méndez y persiste la impunidad.

Aunque el Estado aceptó el informe de la CIDH de 2019, a la fecha no ha cumplido con todas las medidas de reparación señaladas. Según representantes del organismo, se han otorgado hasta nueve prórrogas, pero ante la inobservancia se decidió proceder ante la Corte IDH.

Durante la audiencia, los representantes del Estado destacaron el cumplimiento de la disculpa pública y el pago de más de 300,000 dólares a familiares del zapatista, pero rechazaron concederles una pensión vitalicia.

Para el Frayba, la postura del Estado sigue sin garantizar la no repetición de los hechos y perpetúa la impunidad de la violencia contrainsurgente de la década de los 90 en Chiapas, no solo en el caso de González Méndez, sino de otras víctimas de desaparición a manos de grupos paramilitares.