27 de julio de 2023

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, informó que el Gobierno de México en su conjunto y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) analizan el sexto informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y atenderá las recomendaciones que contribuyan a alcanzar su objetivo; esto tras señalamientos de diversos sectores y el Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) que acusaron obstrucciones del Ejercito Mexcano para profundizar en el caso.

En su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, el funcionario detalló que se analizan las 30 recomendaciones del VI Informe: ocho sobre la investigación exhaustiva, completa y seria; cinco respecto a la unificación de las averiguaciones; cinco sobre necesidad de información de departamentos, autoridades, unidades de sistemas de información o inteligencia; tres respecto a búsquedas; tres respecto de la justicia, y seis sobre la participación de las víctimas en la reparación y la no repetición.

Afirmó que la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es ir al fondo de las investigaciones, por lo que continúan las búsquedas en la zona, y ratificó que se cumplirá el compromiso de saber dónde están los estudiantes y resolver el caso como asunto de Estado.

Encinas Rodríguez resaltó que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia ha informado a padres, madres y a sus representantes en diferentes sesiones ordinarias que, en materia de búsqueda e identificación, se hallaron e identificaron tres jóvenes estudiantes: Joshivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio, en tanto continúan las indagatorias para conocer el paradero los 40 restantes.

JUDICIALIZACIÓN

Sobre el proceso de judicialización se informó que existen 112 personas privadas de la libertad, recluidas en diversos penales, entre ellos: 18 integrantes de Guerreros Unidos. Además, 77 personas involucradas liberadas por tortura y exoneradas por jueces de las 169 consignadas.

Igualmente, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el exdirector antisecuestro de la Seido, Gualberto Ramírez Gutiérrez, así como el ex Ministerio Público de la SEIDO.

Además, 14 elementos de la Sedena detenidos y seis órdenes de militares por ejecutar, que suman 20 en total: dos generales, un excomandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón de Infantería, un capitán, dos sargentos, un teniente, un subteniente, tres cabos, 10 soldados; a ello se añade un elemento de la Secretaría de Marina aprehendido.

Asimismo, la solicitud de extradición de Tomás Zerón de Lucio.

Por parte del estado de Guerrero se encuentra en prisión el exsecretario de Seguridad Pública local, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, así como 74 policías municipales: ocho de Cocula, siete de Huitzuco y 41 de Iguala; seis estatales, seis federales y seis federales ministeriales.

Por su parte el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de esta mañana, recordó que hizo un compromiso con los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, para dar con su paradero y resolver el caso, lo cual aseguró que "está cumpliendo".

EL 6o INFORME

Por su parte y al presentar su último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunció el pasado 25 de julio su retiro definitivo de México, a la vez de señalar que su retiro responde a que en definitiva "no lograron acceder a los archivos del Ejército Mexicano" para esclarecer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.

Angela Buitrago y Carlos Beristain, aseguraron que persiste un "ocultamiento sistemático de información" sobre el caso, lo cual les impide conocer la verdad no obstante que el presidente López Obrador, instruyo al Ejército para que entregue la documentación requerida por los expertos.

Aseguraron que no solo ha habido reticencias a entregar los documentos, sino que se tienen reportes de que hubo una movilización de expedientes el año pasado, como una maniobra para continuar ocultando información "clave" para el caso.

“Se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en la Sedena sobre lo que pasó, o sobre los documentos que tuvieron sobre el posible destino de los normalistas o qué se hizo con eso. No hay un cumplimiento de las órdenes. Vinimos a este país con el compromiso de que íbamos a tener acceso a toda la información disponible y eso es lo que hemos pedido hasta ahora”, dijo Beristain durante la presentación del informe, este martes en la Ciudad de México.

Por su parte ONU-DH, destacó este jueves mediante un comunicado, los esfuerzos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por profundizar en el caso y las obstrucciones por parte de instancias de seguridad y el Ejército para lograrlo.

"Desde su creación, el GIEI ha establecido la necesidad recibir información exhaustiva y veraz por parte de todas las autoridades para esclarecer los hechos de la desaparición forzada de los estudiantes y otras graves violaciones a los derechos humanos. En este marco, la ONU-DH lamenta profundamente que, pese a la voluntad política expresada desde el Gobierno federal al más alto nivel, las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada por el GIEI para profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes", indicó en un comunicado.

El organismo destacó que "a lo largo de los años, el trabajo del GIEI ha permitido impulsar avances sustanciales que han corroborado que la versión de la llamada “verdad histórica” fue construida con base en pruebas ilícitas como la tortura, tal como esta Oficina documentó en su informe “Doble Injusticia”. Asimismo, los hallazgos del GIEI han contribuido a reconocer y dignificar a las familias, a develar la confabulación criminal de autoridades, civiles y militares, de los distintos órdenes de gobierno, y a sustentar la judicialización de más de ciento veinte personas.

El informe del GIEI contiene, además, elementos de análisis sobre el funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia en México y sus grandes limitaciones para resolver casos de alta complejidad y gran impacto, como el de Ayotzinapa".

La ONU-DH alienta a las autoridades para implementar todas las recomendaciones del GIEI, las de este informe y las que siguen vigentes de informes anteriores, para lograr avances en justicia, verdad y derechos de las víctimas, así como generar un aporte sustancial al sistema de justicia penal, en especial hacia los casos de violaciones de derechos humanos en México. La mejor forma de honrar el trabajo invaluable del GIEI es implementando sus recomendaciones.

Por otro lado destacó el compromiso que impone al gobierno mexicano la salida de este grupo.

"La terminación del mandato del GIEI acentúa ahora la responsabilidad que tienen las autoridades nacionales. Por ello, retomar las recomendaciones de los organismos internacionales y los más altos estándares de derechos humanos en la materia se vuelve una condición indispensable que debe involucrar los esfuerzos y la colaboración de todas las autoridades a fin de esclarecer la verdad acerca de lo sucedido, dar con el paradero de los estudiantes, reparar a las familias y sancionar debidamente a los perpetradores y todos aquellos actores que han afectado u obstruido las indagatorias", puntualizó.

Staff Redacción