31 de mayo del 2023

Por: Ma. Teresa Montaño con información de Nina Lakhani y Lilia Saúl

CDMX.- Coatzacoalcos es un puerto mexicano capturado por el crimen. Es la capital de las masacres. Sus calles son tan solitarias como peligrosas, incluso las que bordean el puerto, los murales alusivos a su colorido folklore para atraer al turismo cerca del malecón lucen enmohecidos y las estructuras abandonadas, docenas de negocios de la bahía fueron incendiados o ametrallados, pero justo ahí a unas cuadras estaba la “empresa” a la que el gobierno del Estado de México asignó en 2018 contratos por 972 millones de pesos para gestionar “capital humano”.

Luego desapareció.

La dirección principal con la cual C&A Intelligent S.C. y Fix Business S.A. de C.V. ganaron en aparente asociación la licitación pública lanzada desde Toluca la capital del estado, se ubica a casi 700 kilómetros en el costeño estado de Veracruz en un entorno asolado por el crimen dentro de un edificio habitacional desvencijado y con protecciones carcomidas donde nadie respondió por la transacción.

En la abandonada estructura que se supone alojaba a C&A Intelligent S.C. no se logró localizar al personal ni el equipo o el trasiego que supondría administrar los cientos de servidores públicos por los cuales pagó el gobierno estatal de Alfredo del Mazo.

La segunda empresa Fix Bussines S.A. de C.V. registró un domicilio en la colonia La Paz en Puebla donde igualmente nadie pudo informar de su paradero, ya que se trata de una Notaría, la número 506 de ese estado vecino.

A pesar de esfumarse de ambos domicilios una de las firmas reaparecería un año después en Toluca, pero solo para recibir tres contratos más y volverse a escabullir con un domicilio falso.

Este sin embargo no es por mucho el único caso.

Adjudicaciones multimillonarias fueron asignadas entre 2018 y 2022 a “empresas” asentadas a cientos de kilómetros del Estado de México, en lugares de difícil acceso, inexistentes o controlados por el crimen y por artículos o servicios disponibles en el mercado local como “esmalte de uñas” que el gobierno Delmacista fue a comprar a Monterrey; cientos de sillas adquiridas en Querétaro o servicios de limpieza en Tamaulipas en los límites con Estados Unidos.

Otras contrataciones realizadas por la actual administración exponen nexos directos con otros casos de malversación de recursos públicos a gran escala como Odebrechet o la “Estafa Maestra”, en lo que fuentes consultadas y expertas en fiscalización, consideran un patrón de saqueo sistemático e institucionalizado por los gobiernos del llamado Grupo Atlacomulco que este año arribó a los 94 años de gobiernos ininterrumpidos en esta región del país.

Una investigación iniciada por The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público y concluida con la colaboración de periodistas de The Gardian y OCCRP bajo un consorcio convocado por Forbidden Stories, con sede en Francia (tras el robo de la investigación durante un secuestro perpetrado en agosto del 2021), permitió rastrear al menos 50 contratos con indicios de malversación de recursos públicos de los presupuestos estatales.

Se constató que detrás de los convenios multimillonarios había al menos 14 empresas inconsistentes, sin empleados o escaso personal, además con domicilios ficticios o datos falsos sobre sus ubicaciones fiscales, lo que al final dejó en el aire la aplicación de los más de 5 mil 300 millones de pesos que recibieron, incluyendo “contratos inflados” por servicios intangibles difíciles de fiscalizar de por sí, de acuerdo con los expertos consultados.

Además se detectó que los contratos con los montos más considerables están relacionados directa e indirectamente con dependencias gubernamentales y políticos que ocuparon puestos de primera línea en el actual gobierno del priísta Alfredo del Mazo, antes de que renunciaran al cargo y regresaran al PRI para coordinar la campaña electoral mediante la cual pretenden ganar las elecciones el próximo domingo y retener nuevamente la gubernatura.

Destacan en este caso Eric Sevilla actual presidente estatal del PRI y su candidata a la gubernatura Alejandra del Moral Vela, quienes ocuparon alternativamente la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (SEDESEM) entre 2017 y finales del 2022.

Otros contratos salieron de la Secretaria del Trabajo adjudicados a una firma localizada en Querétaro a 250 kilómetros de la capital mexiquense; otros más de la propia Gubernatura, otros de la Secretaría del Campo a través de su filial “Protectora de Bosques” (PROBOSQUE) y otros del Consejo Estatal de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Económico, entre otras instituciones.

De Coatzacoalcos a Nuevo León y Tamaulipas

En 2018 los socios de Coatzacoalcos y su derruido edificio recibieron 3 contratos: uno por 40 millones 803 mil pesos de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESE) que dirigía Eric Sevilla, actual presidente del PRI; otro por 259.2 millones de pesos del Consejo Estatal de la Mujer, cuando la actual diputada federal del PRI Melissa Vargas lo encabezó y uno más por 672 millones 325 mil pesos de la Secretaría de Finanzas, al frente de Rodrigo Jarque Lira, citado en la trama “Estafa Maestra” por una malversación en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) del 2013, cuando Alfredo del Mazo era director general y él su colaborador (1).

Tanto Eric Sevilla como Melissa Vargas figuran de manera protagónica en la actual campaña electoral del PRI, el cual para estas elecciones va asociado con el PAN, el PRD y Nueva Alianza, la mescolanza de ideologías contrapuestas que se condensan en la coalición “Va por el Estado de México” al frente de la candidata Alejandra del Moral Vela.

Mediante los tres contratos del 2018 el gobierno estatal compró “asesorías asociadas a convenios”, algo difícil de fiscalizar por tratarse de “un concepto difuso e inasible”, confirmaría la experta forense Muna Dora Buchain.

En 2019 y tras esfumarse del viejo edificio habitacional de Coatzacoalcos la firma C&A Intelligent S.C. reapareció en Toluca y recibió otros tres contratos más por mil 188 millones 268 mil pesos adicionales con los mismos políticos y dependencias involucrados, salvo que en esta ocasión Melissa Vargas –la legisladora priísta- y en esos momentos titular del Consejo Estatal de la Mujer, estampó su firma de puño y letra en al menos uno de los documentos por 237 millones 880 mil pesos.

Los contratos en todos los casos ocultan las supuestas direcciones de las firmas en el Estado de México y solo dejan a la vista el domicilio fiscal, sin embargo el SAT advierte que la “no localización del domicilio fiscal” constituye un indicio de que se trata de “empresas fachada”.

Múltiples visitas realizadas a la supuesta nueva sede de C&A Intelligent S.C. en Toluca, rastreada en páginas WEB y proporcionada por el gobierno mexiquense cuando fue consultado por este equipo, permitió constatar que el nuevo domicilio de la firma se ubicaba en un edificio llamado “Torre Laurel” del pueblo de San Lorenzo Tepaltitlán aunque vacío y sin personal, a la vez que vecinos confirmaron que el logotipo de la firma había sido colocado, retirado y recolocado varias veces en lo que va de este año.

Cabe destacar que dicho domicilio no es el mismo asentado en los nuevos contratos de 2019 entregados a la firma, ya que el que citan los documentos es falso en estricto sentido de los datos asentados, pues señala como ubicación “Privada Sin Nombre Número 101”, lo cual conduce a la nada…

Pese a ello y para confirmar que se trataba de una “empresa fachada” -esto es que solo simula operaciones empresariales- The Observer Mex y el equipo de The Gardian realizaron al menos cuatro visitas y una guardia de un día completo –en lunes- para atestiguar el arribo del personal y el trasiego de las supuestas oficinas, pero nadie llegó.

Entre las “pruebas” que aportó el gobierno estatal en este caso destacaron fotografías del edificio descargadas desde Google y pegadas sobre hojas blancas de papel bond y otras más con lo que aparentan ser auditorios repletos de gente. Sin mayores referencias.

También proporcionó fotos de un grupo de personas colocadas a la distancia del edificio y al lado de un taxi –como si acabaran de haber sido trasladadas al sitio y dejadas al inicio del camino-, sin embargo vecinos de lugar descartaron que se trate de empleados que trabajen ahí, pues aseguraron nunca haberlas visto.

Consultada al respecto Dora Buchain exdirectora de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en México, desestimó las supuestas “pruebas” aportadas por el gobierno mexiquense y confirmo que las 14 empresas detectadas en esta investigación y similares a Instituto Intelligent S.C. cubren los criterios de “empresas fachada” publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su página oficial.

Las empresas denominadas “fachada” por autoridades fiscales si bien pueden tener registros fiscales y estar legalmente constituidas ante autoridades de Economía y Hacienda, no cuentan con capital, instalaciones, equipo, ni personal por lo que se trata de “firmas de papel” o empresas ficticias dedicadas a “simular actividades empresariales”, de acuerdo con los términos del propio Sistema de Administración Tributaria (SAT). (2)

Su objetivo primordial es extraer de manera ilícita recursos, apropiarse de ellos y evadir impuestos. El SAT advierte que estos estafadores también pueden simular, incluso, consorcios “fantasma”, al asociarse entre sí dos o varias empresas de este tipo.

A su vez la experta aseguró que estos patrones son consistentes con “redes de estafadores” que operan en México en colusión con funcionarios corruptos “en posiciones de poder”, los cuales suelen recurrir a diversas estrategias a las que denominó “banderas rojas”.

Entre estas citó continuos cambios de domicilios fiscales, cambios continuos de los apoderados o representantes legales de las firmas, asignaciones millonarias en “servicios intangibles” que no tienen claridad en sus objetivos y son difíciles de fiscalizar (como los servicios de limpieza y las asesorías o los estudios); así como la falta de análisis de mercado que justifiquen o respalden los servicios o productos contratados.

Prácticamente todos los tipos de “banderas rojas” las detectamos en esta investigación.

Por ejemplo en el caso de la firma de Coatzacoalcos los primeros representantes eran María del Carmen Laredo y Carolina Vázquez Martínez, mientras que cuando Fixs Bussines S.A. de C.V. se trasladó a Toluca, llegó con Rodrigo Morales Antonio, un nombre que podría estar alterado –en los términos en que fue consignado en los contratos- o es falso como sus operaciones…

En Nuevo León localizado a más de 900 kilómetros de la capital mexiquense, las empresas contratadas por el gobierno del Estado de México se han propagado como hongos.

Desde servicios de seguridad como uniformes, chalecos antibalas y sistemas para autos blindados; hasta tubos PVC, “materias en estado natural transformadas” o maquillajes y esmaltes de uñas, han consumido cientos de millones de pesos del presupuesto mexiquense adquiridos con firmas neolonesas.

Ni el explosivo ambiente de criminalidad que se registra en Nuevo León con un aumento de 36.19% en los asesinatos desde el primer cuatrimestre del año pasado según su fiscalía de justicia (FJNL), ni la disputa de su territorio por cinco grupos criminales han impedido que el gobierno del Estado de México salga de compras a la frontera con Estados Unidos.

Tras un viaje de 16 hora a mediados del caluroso y seco julio del 2022 y luego de atravesar medio país hasta la colonia Guadalupe Victoria de la avenida Pablo Livas, un negocio popular ubicado en el número 4415 anuncia con amplios rótulos con colores chillantes su objeto empresarial: productos de limpieza.

Para atraer más clientela la propietaria sacó a media calle unos tambos azules con escobas y trapeadores, mientras que en el interior los anaqueles exhiben productos a granel como clarasol, jabones para lavadora y suavizantes de tela.

En la visita a SEVACOM S.A. de C.V. el año pasado la propietaria aseguró ser la dueña legítima del negocio, incluso argumentó estar “legalmente registrada” y pagar a tiempo sus impuestos, pero negó tener algún contrato con el gobierno del Estado de México.

Y puede que sea cierto, aunque documentos oficiales cuentan otra historia.

Entre 2021 y 2022, SEVACOM S.A. de C.V. recibió una docena de contratos de seis dependencias de la administración estatal incluida la propia Gubernatura, por un monto total de 90 millones 672 mil 277 pesos en pliegos de adquisición exactamente iguales.

Se trata de contratos adjudicados por la SEDESEM, la Secretaría de Turismo y Cultura, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Campo, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Gubernatura para adquirir miles de productos que se clasificaron como “cooperaciones y ayudas”.

Dicho concepto considera una enorme diversidad de artículos para impartir supuestos talleres de belleza, jardinería, arreglo de uñas y decoración con globos pero ni uno solo de limpieza.

Entre las compras mexiquenses a este exitosísimo pero modesto negocio están maquillajes líquidos y en polvo; pintura de uñas, pestañas postizas, miles de kilos de azúcar y frascos de café –incluidos en cada paquete para los supuestos talleres-; sobres de semillas y pequeñas herramientas para jardinería entre otras baratijas en cantidades industriales, incluidas más de 20 mil parrillas eléctricas.

Los doce contratos son prácticamente iguales, aunque la “misión” de las dependencias en la estructura gubernamental, sea diferente lo mismo que sus objetivos. La dueña de este negocio con la que dialogamos junto a su hijo en julio del 2022 se negó a responder solicitudes de información adicionales enviadas este mes, mientras que el gobierno del Estado de México entregó fotografías del interior del negocio que presentaban alteraciones a simple vista –de acuerdo con un experto en fotografía- para aparentar que se trataba no de una tienda común sino de un centro comercial.

Igualmente presento fotografías de enormes bodegas con maquinaria industrial, que no corresponde al lugar que visitamos el año pasado. Otras fotos muestras a dos personas retratadas en momentos distintos en una misma oficina, así como mujeres posando con cajas en una misma locación, fotos impresas y pegadas en hojas blancas sin pies de foto por lo que puede tratarse de cualquier lugar y de cualesquiera personas.

En el caso de SEVACOM, el gobierno del Estado cuando fue consultado entregó supuestas calificaciones hechas a la empresa por otras firmas de Nuevo León, pero en años posteriores a las firmas de los contratos en cuestión.

Estos contratos fueron signados cuando Eric Sevilla, el actual presidente del PRI, era titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESEM), pero se operaron a lo largo de 2022 (seis de ellos), cuando Alejandra del Moral (la actual candidata del Frente) llegó a relevarlo en el cargo en febrero del año pasado hasta octubre, cuando renunció.

Muy cerca de SEVACOM S.A. de C.V., el gobierno del Estado de México adquirió en la colonia “Los Lermas” en el antiguo camino a Cadereyta “materias primas en estado natural transformadas”, artículos de plásticos y productos de PVC.

En el número “150 oriente” de la citada colonia se ubica la empresa Proveedora Perales S.A. de C.V., donde también está domiciliada la empresa Grezconsa S.A. de C.V. El sitio es considerado un “parque industrial”, pero sobresale por su entorno con calles sin pavimentar, naves industriales abandonadas y talleres invadidos de maleza.

En las viviendas cercanas, confirmaron que se trata de un parque con poco movimiento.

Sin embargo la firma Perales en medio de la sequía que azota el norte del país, logró venderle a la Secretaria del Campo cuando Mercedes Colín era su titular diversos sustratos de pino, “compostada rica en hongos” bajo especificaciones científicas muy precisas y hasta musgos…

Los dos contratos operados por Probosque como unidad “usuaria” y entregados a “Proveedora Perales S.A. de C.V.” son: CB/OPD/12/2021 y CB/OPD/12/2021 por 7 millones 658 mil 754 pesos y 7 millones 878 mil 285 pesos, respectivamente, este último por la compra de más de 30 mil charolas forestales.

Durante la visita a la empresa solo había un trabajador-vigilante quien aseguró que el representante de la firma Alan Javier Mejía González no podía bajar a responder nuestras preguntas aunque detrás del zaguán negro “la planta” lucía un patio lleno de cachivaches, herramientas en desuso y restos de materiales de construcción, además de enormes contenedores de líquidos.

También nos informó que “no podían vendernos nada, porque ya habían vendido todo…”.

Los dos contratos adjudicados a esta empresa de Monterrey localizada en la colonia Los Lermas sobre el antiguo camino a Cadereyta datan del 2021 y durante el proceso de licitación número LPNP-077-2021, acudió también como oferente la firma OAK S.A. de C.V. la cual en la WEB se anuncia como experta en montaje de quipos, mantenimiento de maquinaria, inspección técnica e informes de equipos industriales y mineros, además de ostentarse como representante de otra veintena de firmas más por lo cual podría tratarse de una facturera.

Consultado sobre estas operaciones con Proveedora Perales S.A. de C.V. por más de 15 millones de pesos en dos partidas, el gobierno de Edomex presentó fotografías en las cuales aparecen vehículos de carga entregando bultos de mercancía pero sin mayor referencia que las expliquen, en tanto que otras muestran vehículos descargando en algún lugar del mundo pero sin corresponder al sitio que visitamos en Monterrey sin trabajadores, ni equipo y sin mercancía Dicho establecimiento es la dirección proporcionada en los contratos adjudicados a esa “firma” en Monterrey.

La experta consultada para evaluar la “evidencia” entregada por el GEM la estimo insuficiente para descartar a plenitud una posible malversación de recursos públicos y la simulación de operaciones financieras, en tanto que respecto a fotografías de documentos que entregó el gobierno al consultarlo y que tenían que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaro que no eran consistentes ya que se trata de formatos que fácilmente pueden ser manipulables, aunque al haber entregado solo fotos de estos documentos imposible saberlos pues a simple vista resultan “ilegibles”.

También detectó indicios de pruebas fabricadas ex profeso por la secretaría de finanzas en su intento por desvirtuar esta investigación, ya que algunos de los documentos fotografiados muestran logotipos oficiales del gobierno federal que corresponderían al año pasado pero con información introducida en días recientes, es decir de este mes de mayo del 2023, año dedicado a “Francisco Villa” y no a “Ricardo Flores Magón” como se observa en uno de los documentos fotografiados que se hicieron llegar.

Este documento en particular se presentó para el caso de la empresa SEVACOM S.A. de C.V.

De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno mexicano, las “empresas fantasma” son firmas legalmente constituidas “que simulan actividades empresariales sin contar con la infraestructura para producir bienes o servicios, mientras que las “factureras” conocidas como EFOS están dedicadas a expedir facturas falsas a cambio de una comisión.

Imposible saber en algunos casos si se trata de empresas fachada o simples factureras, toda vez que los conceptos por los que captaron sumas estratosféricas son difusos o muy genéricos como “cooperaciones o ayudas” o “servicio de apoyo técnico en planeación y optimización de proceso”, o “jardinería y limpieza” o “servicio especializado para brindar apoyo técnico en actividades de bienes social”.

Este tipo de conceptos inasibles o difusos son los que la auditoria forense Dora Muna Buchaín –quien descubrió con sus auditores de la AS la trama que después se bautizó como la Estafa Maestra-, considera los más usados para saquear los recursos públicos mediante licitaciones desaseadas.

Destaca en este caso la firma Zumby Servicios Profesionales S.A. de C.V., la cual recibió cuatro contratos por 2 mil 354 millones 565 mil pesos entre 2020 y 2022, unos 121 millones de euros, por “servicio especializado para brindar apoyo técnico en actividades de bienes social”.

Los recursos que le entregaron la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria de Finanzas alternativamente a la firma, salieron de fondos públicos que en teoría debieron haberse aplicado para abatir los niveles de pobreza y/o marginación que aquejan a 9.3 millones de mexiquenses.

En la búsqueda de la firma no se localizaron sus oficinas operativas en los domicilios que se proporcionó en los contratos, solo oficinas lujosísimas pero vacías –sin personal- en la colonia Polanco de Ciudad de México, ni en una dirección de Toluca, donde al menos otras dos empresas con adjudicaciones por diversos montos y conceptos registraron el mismo domicilio como Servicios y Abastecimientos Comerciales S.A. de C.V., e Insumos Globales de Vanguardia S.A. de C.V. en la colonia La Merced.

Dichas firmas, además de Zumby S.A. de C.V. también recibieron contratos por el gobierno estatal, por el difuso concepto de “cooperaciones y ayudas”, algunos firmados incluso por la Secretaría de Seguridad.

En el caso de Servicios y Abastecimiento Comerciales S.A. de C.V., los empleados del edificio de la capital mexiquense no supieron explicar que son “cooperaciones y ayudas” concepto por el cual el gobierno les pagó un contrato por 4 millones 934 mil pesos, en tanto que los representantes de la firma contactada vía telefónica prometieron una cita que nunca concretaron desde diciembre pasado.

Además en el caso de Zumby Servicios Profesionales S.A. de C.V. entre los representantes que firman los contratos (uno del 2021 por 851 millones de pesos) se encuentra Vanesa Bernal Martínez, al parecer familiar de Eduardo Bernal Martínez quien figura entre los principales operadores políticos de la campaña de la candidata Alejandra del Moral Vela, con quien se reencontró en 2019 tras dejar un cargo diplomático que asumió en el gobierno de Enrique Peña.

El polémico abogado priísta es recordado no solo por haber sido representante del PRI estatal ante los órganos electorales y asesor político de Jorge Hank Rhon en Baja California, sino sobre todo por haber sido acusado de desviar 600 mil pesos cuando fue alcalde de Tecámac entre 1994 y 1996 razón por la cual estuvo un día en prisión en el año 2003.

Bernal Martínez también fungió como asesor de la representación del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) cuando Enrique Peña gano la gubernatura en 2005, en un proceso marcado por la violencia y compra masiva de votos.

Posteriormente ya en el gobierno federal Peñanietista (2012-2018) fungió como cónsul del gobierno de México en McAllen Texas, Estados Unidos entre agosto del 2017, cuando recibió el nombramiento hasta noviembre del 2018, cuando lo dejó. En septiembre del 2019 se reencuentra con Alejandra Del Moral Vela, siendo esta presidenta del PRI del Estado de México.

McAllen es la ciudad vecina De Monterrey, Nuevo León, separadas entre sí tan solo por un puente fronterizo y dos horas y media de camino en auto esto es algo así como 127.5 kilómetros.

En otros contratos abultados asignados por la secretaria encargada de combatir la pobreza (SEDESEM) a la misma firma, aparece como representante Jorge Kuri Dzib un empresario ligado a otras firmas de abogados pero sin un historial ni antecedentes claros o transparentes en el ramo empresarial.

Durante una mesa de trabajo de la 61 Legislatura Local para que Alejandra del Moral en su calidad de Secretaria de Desarrollo Social explicara la contratación de Zumby Servicios Profesionales S.A. de C.V. y sus millonarias asignaciones antes de dejar el cargo en octubre del 2022, nunca respondió.

Más bien a los pocos meses renunció y se postuló por los partidos PRI, PAN, PRD y NA para contender por la gubernatura el 4 de junio e intentar retener el único escaño de peso que le queda al PRI en el país, pues Edomex posee un padrón de 12.7 millones de electores y los analistas consideran que los resultados del domingo serán decisivos para los comicios presidenciales del 2024.

Edomex además posee el mayor y más suculento presupuesto de México con 360 mil millones de pesos anuales, pese a lo cual el 78.8% de sus 17 millones de habitantes enfrentan algún grado de pobreza o marginación de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). De esa cantidad los que se encuentran en franca pobreza son 9 millones 300 mil mexiquenses.

Otras firmas cuyos contratos fueron rastreados debido a sus voluminosos montos pero además porque registraron domicilios en el norte del país fue ATM Purity S.A. de C.V., la cual en asociación con RGC Supply y Mantenimiento Especializado Tampico obtuvo diversas adjudicaciones, pero una en particular por 226 millones 398 mil pesos por “servicios de limpieza y poda” en 2021 (CS/A/93/2021).

Al buscar los establecimientos que registraron las firmas en la ciudad costeña de Tampico, pero del estado de Tamaulipas, tras un viaje de 9 horas y más de 700 kilómetros, uno resultó ser un despacho contable ubicado en un edificio lleno de notarías y oficinas diversas donde nunca abrieron; uno más una casa común con una hoja pegada cerca de la puerta en la que se anunciaba uno de los tres socios firmantes, y otra, una oficina en CDMX donde no se localizó a nadie pues en realidad corresponde a un centro comercial de la avenida Patriotismo, donde los vecinos de los negocios adyacentes confirmaron la inexistencia de la firma.

“Nunca ha estado aquí”, alertaron.

Por otra parte si bien ATM Purity S.A. de C.V. esta formalmente constituida se ha beneficiado de otros contratos que ya fueron observados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), como uno asignado a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca por más de 185 millones de pesos para servicios de limpieza en un monto que implicaría, de acuerdo a expertos consultados de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), tener más personal que alumnos.

Otros contratos asignados a la firma también parecen considerablemente inflados como el rastreado en Tampico, Tamaulipas (CS/A/93/2021) y con vigencia de ocho meses para ocupar en teoría a mil 914 elementos pero con “gafetes de identificación” para solo 37 trabajadores en 4 sedes del gobierno estatal, según indica el propio documento en su Anexo F.

Un segundo contrato el identificado con el número CS/A/65/2022 en su página 9 habla de la contratación de mil 966 trabajadores o elementos, es decir 52 más que en el contrato previo del 2021, sin embargo en este caso el monto es de 424 millones 283 mil 716 pesos.

Es decir que la diferencia de 52 trabajadores de limpieza adicionales entre un año y otro en términos económicos representó 183 millones 969 mil 699 pesos adicionales para el erario público y ni siquiera por contratos anuales, algunos son solo de 8 meses y otros de 11.

En síntesis: en un mundo paralelo inexistente a cada uno de esos trabajadores de limpieza les tocarían algo más que 3 millones de pesos. Imposible.

El contrato CS/A/61/2020 por 185 millones 420 mil 606 pesos es el que involucró a la Universidad Tecnológica de Valle de Toluca. Según el documento implicó la contratación de mil 855 trabajadores de limpieza, sin embargo una auditoria de la ASF solo le atribuyó el ejercicio de dos millones 760 mil 400 pesos.

El contrato cita a la secretaria de finanzas como el “órgano usuario” y es la ASF la que delata a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca y revela el número del contrato, así como su multimillonario monto real.

Por otro lado el caso de ATM Purity S.A. de C.V. destaca no solo por haber recibido adjudicaciones por más de 836 millones de pesos en al menos tres licitaciones entre 2020 y 2022 en contratos dispares entre uno y otro, sino también por acudir a las licitaciones con otras firmas radicadas a más de 794 kilómetros del territorio mexiquense desde donde en teoría darán el servicio.

Además de estas inconsistencias en los contratos de ATM Purity S.A. de C.V., se detectó que al menos una de las compañías asociadas y uno de sus representantes (Juan Fuentes Salazar) se cita en notas periodísticas en alusión al caso Odebrecht. (3)

Y efectivamente en el contrato CS/A/61/2020 Fuentes Salazar aparece como representante de tres de las cinco compañías que inusitadamente firman este contrato por más de 185 millones 420 mil pesos.

Las firmas son: RGC Supply S.A. de C.V., América Facility Management, S.A. de C.V. y ATM Purity S.A. de C.V.; en tanto que por las otras dos firmas (EPC Vorab S.A. de C.V. y Mantenimientos Especializados de Tampico S.A. de C.V.) firmó Israel Leobardo Contla Hernández.

Juan Fuentes Salazar acudió a las licitaciones “públicas” representando a las mismas firmas aunque previamente ya estaban asociadas por lo que en realidad se trató de una licitación pública simulada. También así firmó los contratos como puede observarse arriba.

La secretaría de finanzas del gobierno estatal, intentó demostrar la operatividad de ATM Purity S.A. de C.V. aportando fotografías de su domicilio fiscal en Tampico.

Sin embargo el lugar fue visitado por este equipo en julio del 2022 y pudimos constatar que en realidad no se trata de una “planta” como sugirió la Secretaria de Finanzas con fotos exteriores y presuntamente interiores del edificio, sino de un inmueble que aloja al menos 10 notarias y unos 30 despachos contables.

Además al ingresar encontramos que la dirección proporcionada correspondía realmente a un despacho contable, lo que nos confirmó el personal de la Notaría Número 232 de Tampico alojada en la oficina vecina con el número 206, mientras que la dirección proporcionada por ATM Purity S.A. de C.V. correspondía no al “interior 207” del número 103 de la avenida Álvaro Obregón, como se asentó en el contrato, sino simplemente al “despacho número 207” donde no localizamos a nadie.

Constatamos también que el despacho 207 de la firma no aparece en el directorio del edificio y este solo incluye a la oficina 206 donde se aloja la Notaria 232 de Jaime Rábafo Vite.

Por otro lado en sus “aclaraciones” la Secretaría de Finanzas del gobierno mexiquense no hizo ninguna referencia o alusión a las otras cuatro socias de ATM Purity S.A. de C.V. que aparecen en el contrato de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (CS/161/2020) y de las cuales encontramos solo lugares comunes, no empresas.

En todos los casos rastreados para esta investigación, las licitaciones se convocaron y desahogaron en tiempo record durante los últimos días de diciembre de cada anualidad cuando todo mundo ya está de descanso y con una celeridad sorprendente, además de que la mayoría de las firmas adjudicadas acudieron a las supuestas licitaciones públicas sin tener competidores reales, aunque cuando los había eran de otros ramos o especialidades, lo que supone “licitaciones a modo” o simuladas.

En otros casos los ganadores acudieron solos o ya asociados de facto o previamente con las otras firmas con las cuales obtuvieron los contratos, como ocurrió con las empresas de Coatzacoalcos en la licitación pública LPNP-092-2018.

Actualmente México se ubica en el lugar 31 en el índice municipal de corrupción de acuerdo con Transparencia Internacional, mientras que Edomex a nivel nacional, ocupa los primeros lugares en corrupción en prácticamente todos los indicadores, incluyendo la percepción ciudadana y la empresarial.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ya tenía más de 13 mil “empresas fantasma” detectadas a principios de este año y se estima un quebranto anual de más de 500 mil millones de pesos anuales derivadas de estas según informó El Financiero el 24 de junio del 2019.

Otras dependencias que asignaron contratos a empresas no localizadas por el consorcio convocado por Forbbiden Stories para acelerar y concluir esta investigación fueron: La Secretaría del Trabajo, cuando la encabezó Martha Hilda González Calderón; el Consejo Estatal de la Mujer, con Melissa Estefanía Vargas Camacho al frente y actual diputada federal de Toluca; la Secretaría del Campo con Mercedes Colín Guadarrama y la Secretaria de Turismo y Cultura, en la que estaría implicada Marcela Velasco, quien falleció recientemente.

En el caso de Martha Hilda González Calderón se informó que es la coordinadora actual de las estructuras del PRI –es decir la pieza que engrana todos los sectores imbuidos en la campaña oficial por la gubernatura-, mientras que Mercedes Colín es la dirigente de la CNOP, también del PRI.

Otro caso destacable es la adquisición de 5 mil 394 sillas desde ejecutivas, hasta plegables y con respaldo ergonómico, además de más de 500 escritorios con una firma de Querétaro y en operaciones de diversos contratos en los que participó tanto la Secretaría del Trabajo, como la SEDESEM en ejercicios recientes.

Sin embargo durante una visita a la “empresa” se constató que en realidad se trataba de un espacio contratado al interior de un centro comercial (El Pueblito) de Querétaro, donde las empleadas no pudieron mostrar el catálogo de sus productos.

En estas compras el gobierno de Edomex gastó 14 millones 325 mil pesos de recursos para combatir la pobreza en un contrato firmado por SEDESEM; otro contrato más con la misma firma adjudicado por la Secretaría de Finanzas por 14 millones 878 mil pesos adicionales; otro por 10 millones de pesos de la Secretaría de la Mujer por 10 millones adicionales y uno más de la Secretaría del Trabajo por un millón 408 mil pesos.

Además de miles y miles de sillas tanto de oficinas, ejecutivas y plegables estos fondos se gastaron en cientos de escritorios y libreros, además de archiveros o gavetas de distintos modelos y costos como para amueblar docenas de palacios de gobierno o edificios gubernamentales.

Otra anomalía recurrente fue confirmar que se adjudicaron contratos por productos o servicios a empresas que no tienen la especialidad en la materia, como en el caso de SEVACOM S.A. de C.V. especializada en productos de limpieza pero que vendió 20 mil parrillas eléctricas, maquillajes o herramientas para el jardín; o una empresa de Zinacantepec especialista en audio y video, a la que se entregó un contrato de casi dos millones de pesos para arreglar elevadores.



Adicionalmente otras firmas recibieron contratos del gobierno estatal por montos inferiores, solo que sus sedes fiscales nunca fueron localizadas en municipios como Naucalpan, Lerma, Toluca y Metepec.

No obstante en el caso de las 14 firmas aquí rastreadas se les asignaron 50 contratos por 5 mil 300 millones de pesos entre 2018 y 2022.

Los expertos en auditoria forense consultados sugieren que el gobierno del Estado de México podría estar desviando hasta el 90% de su presupuesto mediante estos esquemas fraudulentos, mientras que políticos locales , no descartan que las elecciones del domingo próximo podrían estar aderezadas con cientos de millones de pesos malversados con la ayuda de redes de empresas irregulares como las aquí descritas y políticos corruptos con cargos públicos que en el citado periodo estuvieron a cargo de las licitaciones y adjudicaciones o tuvieron “cargos de poder” para ordenarlas.

Muna Dora Buchain Abulhosn, exdirectora general de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también consideró que los involucrados en esta red de defraudación podrían estar incurriendo en diversos delitos de orden federal como lavado de dinero, asociación delictuosa, uso de documentos falsos y ejercicio indebido de la función pública, entre otros.

Por su parte la contadora y experta en licitaciones públicas en Edomex, Marisela Mejía, confirmó que en la administración pública del Estado de México se registran diversas irregularidades tendientes a beneficiar a ciertas empresa, las cuales por lo general deben pagar –además- “diezmos” del 10% al menos como comisión a funcionarios de la secretaría de finanzas para obtener los contratos.

El 10% es sobre el monto de los contratos. También refirió que quienes participan en las licitaciones públicas de la entidad, conocen estas desviaciones pero tienen que tolerarlas y también aseguró que en este círculo de empresas y funcionarios, se sabe que también operan empresas fachada.

Cabe recordar que en noviembre del 2020 el periódico Reforma reveló que Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la SEDESOL y SEDATU durante el gobierno de Enrique Peña e implicado en el caso de la llamada “Estafa Maestra”, declaró ante un juez que parte de los recursos obtenidos mediante la esa trama fraudulenta se desviaron para financiar la campaña electoral del 2017 en el Estado de México, cuando Alfredo del Mazo, su primo, era el candidato del PRI a la gubernatura y Alejandra del Moral Vela la presidenta estatal del partido. (4)

En el caso de las operaciones simuladas relacionadas con EFOS, la sanción es de 9 años de prisión de acuerdo con el Código Fiscal federal.

Por su parte el profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México (UNAM), Gabriel Corona Armenta, señaló que es difícil descartar que parte de estos fondos malversados hayan ido a parar a la campaña del PRI, porque dijo, “el tricolor en Edomex no sabe ganar elecciones de otra manera, si no es a través de fraudes”.

Señaló que estas transacciones “sospechosas” forman parte de la cultura priísta que se alimenta de la corrupción y que combinan los negocios y la política.

“Hacen negocios para hacer política y hacen política para inyectar recursos a sus negocios”, destacó el también exconsejero del IEEM.

Todas las evidencias que aportó el gobierno del Estado de México para intentar justificar los casos de contrataciones más sospechosos fueron nuevamente verificados, incluyendo visitas a lugares de Ciudad de México y Puebla donde tampoco se localizaron las instalaciones de las empresas e incluso una resultó ser una herrería modesta en la cual los trabajadores rechazaron tener conocimiento de otra empresa ahí asentada, mientras que el resto de los sitios no cuentan con rótulos de ningún tipo, no existen (caso de la dirección de Patriotismo en CDMX).

El gobierno mexiquense insistió que todas las empresas “eran legales”, es decir contaban con registro y que las licitaciones y adjudicaciones también lo son. En las respuestas a solicitudes de información, abundaron en aspectos que cubren las formalidades de la ley, como que las licitaciones son públicas y nacionales, lo cual desde su punto de vista justifica la contratación de empresas foráneas.

La mayoría de los contratos aquí expuestos y analizados fueron adjudicados en licitaciones que se desahogaron los últimos días de diciembre, a lo que la secretaría de finanzas respondió que se debió a que es “para atender las demandas de la población”.

Los 5 mil 300 millones de pesos operados mediante estas empresas podrían haber permitido la construcción de unos 23 mil 118 pies de casa para personas pobres; o terminar la mitad de los 9 hospitales que dejo inconclusos Eruviel Ávila, antecesor de Alfredo del Mazo, también del PRI.

Dicho monto en perspectiva, representa la mitad del gasto anual de la propia Secretaria de Desarrollo Social y el doble del presupuesto anual de la Secretaría del Campo, ambas destinadas, en teoría, a asistir a la población más pobre y desprotegida tanto en las grandes metrópolis como en el campo.

Muna Dora Buchaín, recordó que Edomex es la entidad más corrupta de todo el país debido a que prevalece la impunidad y la falta de una fiscalización real. Además estimó que toda esta red de funcionarios, estarían incurriendo claramente en delitos de: lavado de dinero, asociación delictuosa y colusión, entre otros.

Para consultar los links, copiar y pegar en su buscador.

(1) https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

(2) http://omawww.sat.gob.mx/Anticorrupcion/Paginas/td_contribuyentes.html

(3) https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/administracion-anterior-de-coahuila-pago-en-3-8-mdp-a-empresa-vinculada-con-sobornos-de-odebrecht-mcci-HSVG3467743

(4) https://www.sinembargo.mx/20-11-2020/3896848

“PRUEBAS” DEL GOBIERNO DE EDOMEX:

https://docs.google.com/document/d/1Ds7Q4I8tc4HtdkbYwUccX6WY88slX8O7HTZnSPw_Ay0/edit