19 de diciembre del 2023


Registros duplicados, apellidos mal escritos, información insuficiente o búsquedas que únicamente se completan al poner el nombre solo en mayúsculas o minúsculas. La “Versión pública especial para consulta” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) puesta en línea por el Gobierno federal como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas es una muestra más de las deficiencias del “nuevo censo” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Estrategia Nacional, que se prolongó de mayo a diciembre de este año –después de una primera etapa en la capital del país en septiembre y octubre de 2022–, se basó en la metodología desarrollada por la Ciudad de México, que consistió en comparar el RNPDNO con bases de datos administrativas (programas sociales, vacunación por covid, Registro Nacional de Población, IMSS) para encontrar indicios de vida posteriores a la fecha de desaparición de una persona. Mediante una “búsqueda masiva casa por casa” y llamadas telefónicas se consiguió localizar a 16,681 personas, el 15 por ciento de las 110,964 desapariciones registradas hasta el pasado agosto. Actualmente, son más de 113,000 personas desaparecidas.

Desde 2004, Sivia Ortiz busca a su hija Fanny Sánchez-Viesca, desaparecida en Torreón a la edad de 16 años. Cuando la vocera del Grupo Vida consultó su nombre en el nuevo registro descubrió que no incluía la fecha en que desapareció. Ortiz refiere que, de las 222 víctimas que buscan las familias integrantes de su colectivo en Coahuila, solo encontraron a tres inscritas.

Esta versión especial del registro, que solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar información, debería contener, de acuerdo con el propio documento, los casos de personas desaparecidas confirmadas, a los que están dando “seguimiento puntual” las fiscalías y las comisiones de búsqueda.

“Puse el primer nombre [de los desaparecidos que busca el colectivo] y no apareció, el segundo, el tercero, y tampoco. Puse varios nombres y nada más dos y mi hija me resultaron”, explicó Ortiz. “Esto es lo más grave, o sea, en el momento que dicen hay indicios no especifican a qué tipo de indicios se refieren […]. Significa que es una porquería su base, siguen sin tener realmente una base de datos, no está correctamente elaborada, no pueden entonces atreverse a decir la cantidad, si ni siquiera ellos la saben”.

Durante una reunión que sostuvo con el fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, José Ángel Herrera, Ortiz le dijo: “¿De qué se trata, Herrera, ustedes lo que quieren es quitarnos del mapa? No tienen la capacidad de buscar y encontrar, y como no saben qué hacer, ahora nos quieren hacer a un lado”.

Irma Claribel Lamas López, desaparecida en 2008 en Torreón, aparece registrada dos veces, con distintos folios de búsqueda, y en ambas con el primer apellido mal escrito, informó su madre, María de la Luz López Castruita, representante del colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas. En el caso de Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre desaparecido en 1975 en el marco de la llamada “guerra sucia”, buscado incansablemente por su madre Rosario Ibarra de Piedra durante más de cuatro décadas, no figura su nacionalidad ni la fecha en que desapareció.

Los señalamientos sobre errores en el registro de las personas desaparecidas se remontan a 2014, cuando se publicó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), antecesor del RNPDNO. En 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, tras cotejar los casos que tenía documentados con el RNPED, encontró que solo habían incluido el 20 por ciento. En su informe identificó también casos duplicados. Fallas que permanecen en la nueva versión pública para consulta.

Desde que se dieron a conocer los resultados de la Estrategia Nacional, que informó también sobre la ubicación de 17,843 personas sin prueba de vida, y 62,112 registros sin datos suficientes para identificar a la persona o sin indicios que permitan la búsqueda, reduciendo el número de personas desaparecidas confirmadas a 12,377, diversos colectivos han manifestado su rechazo a estas cifras que “desaparecen a los desaparecidos” por lo que llaman “un interés electoral”.

Ayer, colectivos de familiares de siete estados, como Zacatecas, Tamaulipas y Nayarit, se manifestaron en diversos puntos en contra del nuevo censo. En una protesta frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, los familiares hicieron un pronunciamiento en el que manifestaron su inconformidad con las cifras presentadas por considerar que “mienten”, y aseguraron que es una incongruencia afirmar que son 12,377 personas desaparecidas confirmadas cuando en los Servicios Médicos Forenses hay “por lo menos 56,000” cuerpos sin identificar. Exigieron también una “disculpa pública” de López Obrador “por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha”.

En los últimos meses, desde que anunció la actualización del RNPDNO, el presidente ha reiterado su propósito de demostrar que este no es el sexenio con mayor número de personas desaparecidas, aunque el 40 por ciento de los reportes corresponden a esta administración. El temor de que el nuevo censo tuviera como objetivo reducir el número de desaparecidos fue confirmado por la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, quien aseguró que esa es “la intención” del gobierno lopezobradorista.

Cero capacitación

La búsqueda telefónica, según la metodología desarrollada por la Ciudad de México, en la que se basó la estrategia federal, debe ser realizada por “operadores de un centro de contacto telefónico que han sido sensibilizados para tratar con potenciales víctimas de delito, o bien, con personas reacias a cooperar con la autoridad”. En el informe de los resultados de la Estrategia Nacional, presentado el 14 de diciembre en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera de López Obrador, se aseguró que “todos los servidores públicos” recibieron “capacitación para cada jornada de búsqueda”.

Una persona que formó parte del call center instalado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para localizar a personas desaparecidas o a sus familiares aseguró que nunca fueron capacitados en temas de derechos humanos o en el trato a víctimas de desaparición. La fuente, que pidió el anonimato, agregó que la computadora con la que trabajaba y que contenía “datos sensibles” relacionados con el censo era su equipo personal, que trasladaba todos los días a su domicilio; también precisó que la base de datos fue elaborada en un archivo de Drive al que cualquiera que tuviera el enlace podía acceder.

Otra fuente que trabaja en el área de implementación de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que también pidió no ser nombrada, refirió que en las órdenes de trabajo comenzó a aparecer, sin previo aviso ni ninguna explicación, la palabra “comisión”. Quienes tenían esa tarea acudían a laborar al cuarto piso de un edificio de la FGJCDMX, descrito por la fuente –que colaboraba en la actualización del RNPDNO– como un lugar con grandes ventanales y mesas largas; destacó que sobre el vidrio de las ventanas escribían con plumón los lugares que se visitarían como parte de las jornadas casa por casa, y el número de cuestionarios aplicados en esas visitas.

Sin noticias de Cadereyta

Aunque según la metodología de la Estrategia Nacional todos los casos de personas desaparecidas en los que “se tenga confirmada la denuncia o reporte de desaparición” no deben formar parte de las jornadas de búsqueda individualizada, incluidos aquellos en que los familiares pertenezcan a un colectivo de desaparecidos, o que sean investigados por las fiscalías, el Gobierno federal incurrió en numerosos fallos, al buscar a numerosos integrantes de colectivos e incluso a familiares de víctimas de dos casos emblemáticos de violación a los derechos humanos: Ayotzinapa y la masacre de Cadereyta.

Eblin Banegas, madre de Wilder Ubaldo Murillo, un joven hondureño identificado como una de las 49 víctimas halladas el 13 de mayo de 2012 en Cadereyta, Nuevo León, recibió una llamada el pasado 9 de octubre, alrededor de las seis de la tarde, preguntándole si su hijo había regresado o ya lo habían encontrado.

Aunque las autoridades han afirmado que solo se contacta a familiares cuando existe un indicio de vida, tras varios cruces de datos, una operadora que se identificó como integrante del Programa Nacional de Búsqueda le preguntó sobre el paradero de Wilder. Banegas aún no se explica por qué la buscaron y con qué fin.

“Hola, ¿hablo con Eblin? Solo le llamo para ver si ya encontró a su hijo”. La respuesta de Banegas fue inmediata: gracias a una fundación pudo recuperar el torso de su hijo. La operadora le respondió que era obligación del gobierno hallar a Wilder. “Faltan partes del cuerpo de mi hijo. Me pidieron que volviera a marcar para que me ayudaran. Yo ya no quise hablar con ellos. Me da mucho coraje, tristeza y dolor de todo”, lamentó.

Los cadáveres mutilados de la masacre de Cadereyta fueron descubiertos por el Ejército en la carretera Monterrey-Reynosa tras una denuncia anónima. Aunque se atribuyó al grupo de Los Zetas, no hay ningún procesado por estos crímenes. Hasta la fecha se han identificado 18 víctimas, de las que catorce son migrantes.

Banegas decidió seguir los pasos de Wilder y venir a México tras su desaparición, para saber qué le había pasado y buscarlo. Desde entonces, dijo, no ha recibido apoyo de las autoridades, solo ha tenido el acompañamiento de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que le ayudó a localizar el torso de su hijo, identificado a finales de 2020 y entregado en 2021. Banegas fue remitida con la FJEDD por la Casa del Migrante de San Luis Potosí, donde Wilder estuvo a mediados de abril de 2012.

Al preguntarle si interpondrá alguna queja o denuncia contra el Estado por lo sucedido, Banegas aseguró que solo quiere encontrar las partes del cuerpo que faltan de su hijo para poder sepultarlas. “Yo me pongo a analizar: de dónde sacaron mi celular”, pues con esa línea telefónica tiene cuatro años. “Mi dolor no es su dolor, están nada más preguntando, es molesto; si no van a hacer nada, para qué llaman. Nada más por salir del paso lo hacen. Es indolente”.

En la versión especial para consulta del RNPDNO, el registro de Wilder no incluye la fecha de los hechos ni su edad, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue una de las bases de datos que se consultó para elaborarla.

La subdirectora de la FJEDD, Fabienne Cabaret, señaló que pareciera que existe una descoordinación en las instituciones y una falta de claridad en la información que se les proporciona a los familiares, “sobre todo porque son familias que muchas veces han vivido situaciones de extorsión; entonces, el tipo de llamadas siempre obviamente genera desconfianza y enojo”.

Pese a que la metodología establece que si el familiar informa que la persona desaparecida ha muerto, como en el caso de Wilder, el operador telefónico debe “solicitar empáticamente” datos sobre el fallecimiento y una copia del acta de defunción, esto no sucedió en la llamada que se le hizo a Banegas.

Preguntar por uno de los 43

Sin aviso previo, funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tlaxcala tocaron a la puerta de Mario González, quien desde hace nueve años busca a su hijo César Manuel González, uno de los 43 normalistas desaparecidos en la noche de Iguala. Desde entonces, su historia ha sido contada múltiples veces; funcionarios, organizaciones civiles y la población en general conocen lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, pero eso no evitó que, como parte de las acciones del nuevo censo, le preguntaran si su hijo ya había regresado a casa. Esta visita se hizo semanas antes de que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dieran su último informe, el pasado 25 de julio.

Una camioneta blanca se detuvo frente a la casa de González en Tlaxcala, de la que descendieron dos personas. El domicilio se ubica en un callejón poco transitado, donde hace meses que no reside con su familia, por eso ignora cómo dieron con la dirección. “Me preguntaron que si ya había encontrado a mi hijo y que si lo había yo encontrado vivo o muerto”.

Fue como si lo hubieran insultado, afirmó. Dijo que era triste lo ocurrido porque revictimiza a las familias. Momentos antes de que los funcionarios llegaran a su domicilio a preguntar por César Manuel, estaba arreglando el motor de un auto, un recuerdo que lo une a su hijo pues era el vehículo que utilizaba.

Aunque la metodología recomienda, en el supuesto de que la persona continúe desaparecida, que el familiar reciba “una disculpa institucional por los hechos que está viviendo”, no hubo ocasión para que esto sucediera porque, según contó González durante la reunión de los padres de los 43 con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) –realizada también en julio–, “yo sí les grité muy feo, que no puede ser que sean tan insensibles de ir y preguntar estupideces”. Para el padre del estudiante de Ayotzinapa, se trató de una visita estúpida y cruel.

En ese momento, recordó en entrevista, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no le mencionó que esas visitas formaban parte de la nueva estrategia de búsqueda, pero le ofreció disculpas. “Nosotros tenemos la oportunidad de decírselos en su cara, pero imagínate a aquella madrecita que van y le dan la esperanza de que esté bien su hija y que no sea verdad, mira que lo que tratan de hacer es bajar las cifras a como dé lugar”.