14 de febrero del 2024


La noche del 14 de febrero de 1974, un batallón del Ejército mexicano y agentes de la Policía Judicial Federal y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) atacaron la “casa grande”, una vivienda de seguridad que las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) tenían en San Miguel Nepantla, Estado de México. Cinco de los siete integrantes del grupo insurgente que se encontraban en el lugar fueron acribillados, trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) y posteriormente enterrados en la fosa común del Panteón Civil de Dolores.

“Las autoridades militares se negaron a entregar los cuerpos a los familiares de los guerrilleros y difundieron el rumor de que habían sido incinerados”, escribe la historiadora Adela Cedillo, profesora-investigadora de la Universidad de Houston, en su tesis “El fuego y el silencio. Historia de las Fuerzas de Liberación Nacional Mexicanas (1969-1974)”.

En 2019 dio esta información a la Dirección de Operaciones de Búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), un área que encabezaba el historiador y sociólogo Javier Yankelevich. Así supieron que, durante la llamada “guerra sucia”, la fosa común del Panteón Civil de Dolores había sido utilizada por el Estado para enterrar cuerpos de guerrilleros en calidad de desconocidos.

Los cadáveres de Alfredo Zárate Mota, Carmen Ponce Custodio, Mario Sánchez Acosta, Alberto Anselmo Ríos Ríos y Dení Prieto Stock, integrantes del FLN –movimiento político y armado que en 1983 daría origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional– muertos en el enfrentamiento, fueron registrados como “desconocidos” hace 50 años en la bitácora del Semefo.

Solo los cuerpos de Zárate, enterrado en julio de 1974 en el Panteón Xalapeño, y Prieto, incinerada siete años después, pudieron ser recuperados. Sánchez, Ríos y Ponce, consigna la historiadora, permanecieron como desaparecidos para sus familiares.

En la fosa común del Panteón Civil de Dolores, ubicado en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, descansan miles de cuerpos que son (o hace tiempo fueron) buscados. Se conoce su nombre, su edad, su origen. A unos los ocultó el Estado durante la llamada “guerra sucia”, otros son buscados por sus familiares, que los reportaron como desaparecidos sin saber que habían muerto. Otros más quedaron en el anonimato por falta de coordinación o de interés de las autoridades. Es imposible saber cuántos. Desde 2002 hasta el 3 de noviembre de 2023 se han inhumado 18,061 cuerpos y restos humanos en las fosas del panteón, de los que 8,122 están identificados, según cifras de la CNB.

“Lo que hemos investigado desde 2019 [...] es que esas fosas comunes están llenas de cuerpos de personas que están siendo buscadas por sus familias. Están llevando personas buscadas a la fosa común. Personas que después sus familias van a querer reclamar”, dijo Yankelevich en una entrevista realizada el pasado octubre, cuando aún estaba en el cargo.

El historiador es uno de las decenas de funcionarios a quienes se les solicitó la renuncia tras la llegada de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la CNB. Desde 2019 se enfocó en impulsar el cruce masivo de datos para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Aunque la fosa común del Panteón Civil de Dolores, con una extensión de ocho mil metros cuadrados, comenzó a funcionar en el siglo XIX, no se cuenta con documentación sobre las inhumaciones anteriores a 2002, según el Boletín para familiares elaborado por el equipo de Yankelevich. Esto impide saber dónde fueron sepultados integrantes de guerrillas urbanas como la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S, conocida como la Liga) y las FLN que durante la “guerra sucia” ingresaron al cementerio como desconocidos, pese a haber sido identificados.

Un problema adicional es que no existe una señalización de la fosa común, lo que hace difícil distinguir sobre el terreno anotaciones como “línea 1, fosa 20”, se precisa en el boletín. Es probable que la ubicación de las víctimas fuera incluso desconocida para los perpetradores, que se habrían limitado a entregarlas al Semefo.

En su búsqueda de información, Cedillo recurrió a la memoria de los sepultureros, según ha relatado: “Le pedí a un panteonero que me llevara a donde estaban esos restos. La ubicación exacta de las fosas era: 5ª clase, lote 53, línea 11, sepulcros 8, 16 y 17 para los hombres y 14 y 11 para las mujeres [...]. Era una zona muy descuidada que parecía casi un basurero”.

Que las víctimas de la masacre de Nepantla fueran remitidas por la Procuraduría General de la República (PGR) al Semefo –según consta en su bitácora– es “en extremo inusual”, consideró Yankelevich, ya que la procuraduría capitalina debió estar a cargo de la investigación de los hechos. Que los cuerpos fueran trasladados al Distrito Federal también fue irregular, agregó, pues perdieron la vida en el Estado de México. Las causas de muerte asentadas son heridas por proyectil de arma de fuego en cabeza o tórax y cabeza.

A 50 años de esos hechos, la historia se sigue repitiendo.

Los casos de personas reportadas como desaparecidas que en la actualidad están siendo enterradas en las fosas comunes se deben, según Yankelevich, a una descoordinación entre los registros de personas desaparecidas y los forenses –fiscalías, Semefos, CNB, comisiones locales– en la forma de sistematizar la información, y una resistencia a compartir datos entre esas mismas instancias gubernamentales, lo que termina por desaparecerlas una vez más.

Consideró que esta situación es resultado de dos prácticas del Estado: en el pasado, un circuito de violencia institucionalizado para la “anonimización de cuerpos”, que eliminaba o modificaba los datos que permitían identificar a una persona, y hoy en día, un problema metodológico en el registro de la información, cuyas múltiples fallas e inconsistencias complican la búsqueda, identificación y localización de personas desaparecidas.

Estas prácticas han contribuido a generar una crisis de derechos humanos con más de 114,000 personas desaparecidas y 52,000 cuerpos sin identificar, la mayoría en fosas comunes.

Aparecer desaparecidos

El trabajo del grupo de Yankelevich en el Panteón Civil de Dolores, tras la información aportada por Cedillo, implicó acceder a los registros mecanografiados, expedientes, bitácoras y libretas escritas a mano por los sepultureros y trabajadores del cementerio, en los que fueron anotados los datos de los cuerpos sepultados en las fosas comunes: nombre y apellido, sexo, edad, fechas de defunción y de entierro, institución que solicitó la inhumación, y en algunos casos notas sobre los hallazgos de la necropsia, como causa de muerte.

El siguiente paso fue transcribir, digitalizar, concentrar y homologar la información generada, primero, entre los años 1968 y 1982, por el Semefo del Distrito Federal –antecedente del actual Instituto de Ciencias Forenses–, que cuenta con registros de 98,711 cadáveres y restos –casi 15,000 sin nombre–, y luego la documentación del periodo de 2002 a 2022 de la fosa común del panteón de Dolores, para elaborar una base de datos que compararon con fechas de detenciones-desapariciones y de enfrentamientos a fin de desarrollar hipótesis de identificación y localización, e identificar patrones.

Con la misma base de datos se hicieron cruces masivos con bases gubernamentales –Registro Civil, programas sociales, instituciones de salud, centros penitenciarios, psiquiátricos y de asistencia social, Semefos– y con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en busca de indicios o coincidencias.

La labor de registro se extendió a los estados de Sonora, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México y Jalisco, donde se han visitado 27 fosas comunes con el objetivo de sistematizar la información de los restos humanos que han ingresado.

“Comenzamos a hacer la cosa más pendeja posible, que es cruzar los nombres de los que tenían nombre. Y empezaron a aparecer desaparecidos, y no pocos. Empezaron a aparecer desaparecidos que nadie ocultó, o bien, si alguien ocultó, que ya nadie estaba ocultando. Que se quedaron extraviados en las disfunciones de flujos de datos de las instituciones, en la negligencia, y la falta de herramientas y de metodología para buscarlos a todos a la vez a través de cruces de datos”, indicó el historiador.

El resultado de la sistematización fue la creación en 2020 del Módulo de Fosas Comunes, que concentra más de 23,089 registros, de los que 9,432 personas están identificadas con nombre y apellidos.

El trabajo que realizaron es metodológicamente similar a la estrategia de búsqueda masiva de personas desaparecidas que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México empezó a desarrollar en 2021, antecedente de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, de la que derivó el cuestionado censo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, en su caso, dirigieron sus esfuerzos a descubrir personas denunciadas como desaparecidas que fueron sepultadas en fosas comunes.

Un método higiénico y rutinario

En 2021, la Dirección de Operaciones de Búsqueda descubrió otro caso que confirmó la práctica de sepultar en el panteón de Dolores a víctimas de ejecuciones extrajudiciales o enfrentamientos, tras hallar en el libro de ingresos del Semefo de 1978 un cuerpo identificado como Olivia Ledezma Cruz, la Güera, integrante de la LC23S. Junto a su registro se colocó la anotación “Lig. 23 sep”.

“Hemos encontrado cada vez mayores evidencias de que el Semefo y la fosa común fueron una ruta usada para desaparecer víctimas de la contrainsurgencia”, aseguró Yankelevich. “Fuimos detectando en el camino que algunas personas que habían sido abatidas estaban registradas allí [en el Semefo], eso habla de que la burocracia estaba anotando. Y después comenzamos a encontrar cosas más raras, cuerpos registrados como desconocidos, pero que tienen una anotación al lado que dice ‘muerto por agentes judiciales’, o ‘Lig. 23 sep’”.

A partir de esos hallazgos, agregó, se comenzaron a advertir procedencias de cuerpos “muy extrañas”, como del “Sector Central”, en referencia a la administración pública –secretarías de Estado–, y de la PGR. Estas “marcas de interés” coincidían con algunos de los nombres de víctimas de la contrainsurgencia que buscaban ubicar. Sin embargo, las “malas prácticas de resguardo”, como que algunas fosas fueran abiertas o compactadas para ser reutilizadas, significó uno de los aspectos más “desafiantes” para su equipo, pues no se ha encontrado documentación que indique en cuáles de las decenas de fosas habrían sido colocados los cuerpos de las décadas de 1970 y 1980.

Se estableció como una de las líneas de investigación el ingreso de los cuerpos de algunos detenidos-desaparecidos de la “guerra sucia” a los Semefos para luego ser enviados a las fosas comunes; hasta la fecha se han localizado víctimas en el Panteón Civil de Dolores y en el cementerio de Huitzuco, Guerrero. Documentación de la DFS permitió descubrir que las familias que acudían a reclamar el cuerpo de sus seres queridos, víctimas de la contrainsurgencia, eran objeto de seguimiento.

“Puede haber un mecanismo de inteligencia que persigue a los reclamantes del cuerpo hasta el funeral. Eso también es lógico, porque les interesa seguir jalando el hilo. Están haciendo inteligencia en la misma gestión de los cadáveres”, señaló el sociólogo, quien también estaba a cargo del Equipo Especializado en la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente durante la “guerra sucia”.

Durante la dictadura militar argentina (1976-1983) también fueron utilizadas las fosas comunes de panteones de la Provincia de Buenos Aires, como el Cementerio Municipal de Lomas de Zamora, para enterrar a los detenidos-desaparecidos. Lo mismo ocurrió en Rionegro, en Colombia, y en La Verbena, en Guatemala, con víctimas de los conflictos armados en esos países, informa el Boletín para familiares. Estos casos en México, dijo Yankelevich, “son la punta del iceberg de lo que era la violencia de las instituciones en ese momento”.

“Ese proceso de anonimización de los cuerpos que usaron los represores también habla del nivel de impunidad del que gozaba esa gente, porque ellos eran el sistema de justicia”, explicó. “El mecanismo de la desaparición forzada que conduce los cuerpos a la fosa común en nuestro país en los años 70 no es exclusivo de la mecánica contrainsurgente, es propio de una institucionalidad extremadamente violenta, autoritaria y sin ningún tipo de control, que puede usarlo para todas sus víctimas. Es muy conveniente, es higiénico, no requiere una gran infraestructura y es mucho más rutinario”.

La complicidad de las autoridades fue reconocida por Miguel Nazar Haro, quien fuera titular de la DFS, en una declaración recabada en septiembre de 1993 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Explicó [Nazar Haro] también que en muchas ocasiones aparecían cuerpos o personas fallecidas que presuntamente habían pertenecido a grupos subversivos y que, por lo mismo, no portaban documentos relativos a su identidad verdadera; en el mejor de los casos se encontraba alguna credencial, como las licencias para conducir, que supuestamente identificaban a una persona inexistente, de tal manera que en las instalaciones de los servicios médicos forenses, los familiares o amigos de esa persona nunca encontraban en los listados los nombres de aquel a quien iban a localizar, y esos cuerpos al no ser reclamados seguramente fueron enviados a la fosa común”, consta en su declaración.

En octubre de 2023, durante la presentación del primer informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer que se tenía evidencia de que personas detenidas y desaparecidas en la “guerra sucia”, algunas integrantes de la LC23S, fueron inhumadas en la fosa común del panteón de Dolores. Es un hecho, dijo, que “hay que esclarecer”.

Acumulación de casos

Durante décadas, las familias han buscado a sus seres queridos en lugares como Semefos, reclusorios, hospitales, centros de salud mental y fosas clandestinas, pero la investigación en fosas comunes no estaba desarrollada en México como un lugar de destino de los desaparecidos.

La base de datos creada por la Dirección de Operaciones de Búsqueda y el cruce masivo de información permitieron detectar cientos de coincidencias entre cuerpos enterrados con identidad en fosas comunes y personas registradas como desaparecidas. Hasta ahora, casi mil personas que estaban siendo buscadas han sido localizadas y sus familias informadas.

Estas identificaciones implicaron otras dificultades: primero se hace una investigación complementaria para asegurarse de que sea la persona desaparecida y no un homónimo; luego se solicita información a dependencias, como el Instituto Nacional Electoral, que puedan tener datos biométricos; finalmente se localiza a la familia, que en muchos casos reside en otros estados o en Centroamérica. Una vez entablado el diálogo con los familiares, hay que convencerlos de entregar una muestra de ADN para hacer la confronta y esperar el resultado, lo que dará certeza a la localización.

En el país existen alrededor de 200 cementerios municipales con una fosa común activa o cerrada, y tan solo el Panteón Civil de Dolores recibe anualmente un promedio de 500 cuerpos en su fosa común. La sistematización de la información ha permitido que, cada semana, hasta tres familias de los diferentes estados incluidos en su base de datos sean informadas por la Dirección de Operaciones de Búsqueda sobre la posibilidad de que la persona que están buscando se encuentre sepultada.

“El problema se acumula cada semana, por eso es tan desesperante. No estamos intentando resolver su acumulación histórica y cada semana llegan más [cuerpos a las fosas comunes], y algunas de esas personas están siendo buscadas, sus familiares pusieron denuncias y reportes. Pidieron la búsqueda. Pero cada semana se irán acumulando por uno, dos o tres casos, y nos interesa hacer esas notificaciones [de hallazgos], digamos, es todo un dispositivo de notificaciones. Les convocamos y les damos un informe en un lenguaje accesible”.

Una vez notificadas las familias, la problemática gira en torno a las complicaciones para recuperar los cuerpos: cada fosa contiene entre 80 y 100 bolsas de restos humanos, y cada una puede tener un cadáver, restos o cenizas; mensualmente, a la fosa común del panteón de Dolores pueden llegar entre 40 y 50 cuerpos. Son más de 2 millones de restos óseos acumulados en sus fosas comunes en los últimos 20 años.

La recuperación requiere servicios de desinfección, gastos funerarios y un pago al cementerio. La suma puede rebasar los 30,000 pesos y el trabajo es monumental: primero hay que remover la tierra, luego exhumar uno a uno los cadáveres y restos apilados sobre el cuerpo que se va a recuperar y, una vez que se retira, hay que volverlos a depositar en el mismo orden. En una operación para recuperar un solo cuerpo pueden mover uno, cinco o decenas de restos humanos.

Para detener esta espiral, consideró Yankelevich, se requiere un sistema único de gestión de información sobre cadáveres y personas desaparecidas –previsto en la Ley General en Materia de Desapariciones– que opere con el RNPDNO, un Banco Nacional de Datos Forenses –que se mandata crear a la FGR– con un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y la construcción de centros de resguardo temporal que permitan clausurar las fosas comunes.

En 2023, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México y la CNB planearon edificar un centro de resguardo en el Panteón Civil de Dolores con recursos de los gobiernos capitalino y federal, avanzaron en un diseño arquitectónico y llevaron a cabo distintas reuniones para concretar el plan dentro del proyecto “Chapultepec: Naturaleza y Cultura”; aunque se han llevado a cabo mejoras en el panteón, hasta la fecha no se han iniciado los trabajos. “Habían mostrado a la administración la maqueta, lo cual implica un avanzado nivel de decisiones sobre dónde, cuándo, qué altura, cuánto cuesta, pero propiamente no se ha comenzado. Es muy importante que esa infraestructura exista”, subrayó Yankelevich.

Además, el sociólogo propuso buscar el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense, con una experiencia de cuatro décadas en la investigación de fosas comunes, para que participe en el diseño de un plan de antropología física que permita enfrentar el desafío de cómo distinguir en escenarios masivos los cuerpos de víctimas de la contrainsurgencia.

“Queremos que el equipo argentino nos ayude a hacer el plan, porque realmente es muy complicado. No sé si habría que sacar todo [cuerpos y restos], y si habría que sacar todo ¿dónde lo pones? [...] Va a ser una excavación arqueológica muy compleja, porque no quieres perder la posición de los huesos. Sería posiblemente”, advirtió, “la operación de recuperación forense más grande de América Latina”.

Con la salida de Yankelevich el 31 de enero, y de parte de su equipo, se desconoce quién dará continuidad a estos proyectos y si tienen cabida en el plan de trabajo de la comisionada Reyes Sahagún.