Publicación original del 10 de Mayo de 2024


El 24 de junio del 2021 unas diez mujeres con enaguas raparon por completo sus cabezas frente al edificio del Poder Judicial (PJEM) de Toluca en una protesta que dejó atónitos a los transeúntes; un mes antes, ya habían marchado “enlutadas” portando retratos de sus hijos esposos criminalizados con delitos graves que no cometieron y bajo procesos marcados por la corrupción judicial y policiaca, montajes jurídicos y torturas.

También en julio de ese año se extrajeron sangre públicamente por primera vez y con ella dibujaron las palabras “justicia” y “libertad” sobre los muros del palacio de gobierno y mayo del 2022 lo volvieron a hacer pero entonces el plasma vital lo arrojaron sobre los escudos de algunos de granaderos que les mandó Alfredo del Mazo para intimidarlas.

No les importó.

Las mujeres del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” se lanzaron determinantes a lo imposible”: rescatar a sus hijos de las infernales cárceles del Estado de México. En su lucha casi mueren de inanición cuando en agosto del 2021, al menos 19 de ellas se declararon en “huelga de hambre” por primera vez en el corazón de la Plaza de los Mártires y entre el 12 de agosto y el 2 de octubre del 2023, otro pequeño grupo lo volvió a hacer hasta que Delfina Gómez les pidió que se retiraran sin ofrecer les nada.

En 2022 se dedicaron a mover conciencias sobre la criminalización deliberada o intencionada de personas inocentes que reciben imputaciones falsas para mantener abarrotadas las cárceles, lo que les implica gasto de entre mil 500 y dos mil pesos semanales a cada una de sus familias para garantizar comidas y pagos extralegales en “seguridad”, comida, agua, etcétera, dentro de los reclusorios y para que hijos o esposos no sean torturados o para tener un espacio para dormir… Ese año además recorrieron pueblos, sumaron colectivos, lanzaron iniciativas y organizaron foros. El 10 de mayo se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y volvieron raparse a las fuertes de la máxima sede que administra la justicia en México, para confirmarle a los magistrados que sí… que las cárceles mexicanas y mexiquenses en particular, están abarrotadas de inocentes.

Cuando volvieron a empezar de nuevo el ciclo –con cortes extremos de pelo, caminatas portando el luto como implacables “Lloronas”; plantones, extracciones públicas de sangre y todo tipo de protestas disruptivas en el espacio público oficialista-, los policías, funcionarios y algunos sectores de Derecha afines al poder local supuestamente progresista, comenzaron a llamarlas “las locas” y también “las pelonas”.

Pero las locas empeoran.

Ya en junio del 2023 habían vuelto a la plaza pública para encadenarse a un símil de celda que montaron frente a la sede del gobierno donde además iniciaron un plantón indefinido e instalaron un campamento permanente. Ahí trasladaron su vida doméstica, convertida en el bunker de su lucha.  

 

En el campamento donde de vez en vez se encadenaban literalmente, en solidaridad con sus hijos criminalizados por los gobiernos, jueces y magistrados del Grupo Atlacomulco, comenzaron, adormir, tejer artesanías, vender dulces, hacer tortillas, venderlas y recibir amigos y compartir su pena y su comida. Por eso a mediados del año pasado hasta ahí llegaron representantes de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) para escuchar sus historias y denuncias de criminalización contra sus familias.

Son madres, esposas, hermanas y una abuela rebeldes hasta la médula.

Son mujeres procedentes de pueblos indígenas y colonias marginales del Edomex, que reclaman el derecho a la Amnistía de sus familiares detenidos violentamente y enjuiciados bajo procesos fabricados en su contra.

Sus familias y las víctimas comparten perfiles sociales comunes y hasta rasgos físicos similares: todos tienen tez morena –de un oscuro profundo-, algunos son indígenas y no hablaban español cuando fueron detenidos y juzgados; provienen de zonas marginales-populares del Estado de México- o de pueblos; algunos son analfabetos y todos son pobres.

Durante la remodelación de la Plaza Cívica de la capital mexiquense, supuesta obra emblemática de Alfredo del Mazo y simbólico lugar donde el 19 de octubre de 1811 una centena de indígenas insurgentes de origen otomí fueron fusilados, las “locas” elevaron el nivel de su indignación y transformaron las bardas provisionales en un “Muro de la Libertad”.

No tardaron ni una semana para tomar cada centímetro disponible en ese muro, para transformarlo en un museo callejero de la indolencia oficial, colgando las historias y retratos de sus hijos, nieto, esposos y hermanos secuestrados –literalmente- por el Estado, como ellas mismas lo afirmaron en una marcha y según se deduce de sus historias y expedientes de Amnistía avalados inicialmente por la CODHEM.

No desistieron.

En abril del 2023 lanzaron tomatazos contra una imagen monumental del jefe del Grupo Atlacomulco y por entonces gobernador oficial, Alfredo del Mazo, para reclamarle la falta de respuestas y discriminación institucional por género de la que siguen siendo víctimas al negárseles el acceso a la justicia mediante el cumplimiento de la Ley de Amnistía, mientras que en diciembre pasado exhibieron los nombres y rostros de los jueces del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) involucrados en las fraudulentas sentencias que condenaron a sus hijos sobre montajes jurídicos y torturas, de acuerdo con el propio presidente de Zeferino Ladrillero A.C., Antonio Lara Duque.  

Jueces con Rostro

El 8 de diciembre del 2023, mujeres como María Luisa Montoya, madre de Carlos Alberto Estrada o la hermana de Gustavo Martínez Uribe, sentenciado a 40 años de prisión por un juez que lo acusó de “no mostrar arrepentimiento por un crimen que por cierto no cometió”, o doña María Felix Peña que este año cumple 74 años de edad y lucha por la amnistía de su nieto e hijo de apellido Juárez, pudieron poner rostro a los jueces –y juezas- responsables de esta tragedia colectiva.

Por primera vez identificaron con nombre y apellido a sus verdugos…

Simultáneamente aquel día, en una ceremonia paralela, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, quien solo meses antes había prometido que “ningún inocente pisaría la cárcel”, daba ascensos y reconocimientos a sus jueces “estrella” con motivo de las fiestas decembrinas, los mismos que en la plaza pública eran exhibidos…

Pese a la ausencia de periodistas y medios que no acudieron a su invitación, “las pelonas” hicieron una especie de pase de lista frente a la entrada principal de Palacio de Gobierno y una a una, en modestas cartulinas que ellas mismas dibujaron, los citaron y exhibieron.

Así por primera vez la mazahua Lilia Reyes, se paró en medio de la Avenida Lerdo de Tejada, donde se suspendió el tráfico, y acuso con su acento indígena al juez Simón Bernardo Álvarez Bastida, de condenar injustamente a 60 años de prisión a su esposo Carlos Martínez Reyes de un homicidio que no cometió.

Además lo hizo sin proveerle un abogado especializado en derechos y cultura indígena e ignorando el hecho de que sufrió tortura, como lo asentó la CODHEM en el oficio número 400C1A0000/059/2021, en el que se decretó su amnistía.

También la joven hermana de Gustavo Martínez Uribe, fue la primera en exhibir el caso del juez Víctor Martín Mejía Hernández, quien sentenció a 40 años de prisión a su hermano por un homicidio en el cual hubo violaciones al debido proceso según el dictamen de amnistía de la CODHEM. Este juez en particular es señalado como responsable en otros tres casos de víctimas del colectivo, entre ellos el caso de Cristian Chávez.

Por su parte Teresa, hermana de Edmundo, Santiago y Enrique de apellidos Santiago Lorenzana, reveló el nombre de la juez Verónica Contreras Marín quien dictó sentencia contra sus hermanos por crímenes que no cometieron, sostuvo su hermana Tere. La jueza que los condenó sin revisar el expediente, fue la última de una zaga de más de 10 que conocieron el caso en trozos.

Ninguno revisó el expediente completo en los más de 7 años que duró el juicio, de haberlo hecho habrían advertido las contradicciones del enorme expediente.  

Previamente, 18 de agosto del 2023, esas mismas mujeres organizaron una cabalgata desde San Mateo Atenco hasta la Plaza de los Mártires transmitiendo su mensaje de libertad, protesta y justicia para “que la gente se informe”; algo parecido ya habían hecho en octubre del 2021 en una rodada en bicis desde el Museo Bicentenario hasta la Plaza de los Mártires, llevando cada vez, las fotos de sus hijos, esposos, nietos, y hermanos criminalizados. 

Las “pelonas” transformadas al tiempo en defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, diseñaron estrategias diversas para mantener renovado su reclamo, por eso plasmaron los rostros de sus inocentes presos en playeras, carteles y en enormes mantas que ellas mismas diseñaron y que exhibían a la menor provocación. 

En noviembre del 2022, las mujeres de “Haz Valer Mi Libertad” realizaron el Primer Encuentro por la Dignidad, Justicia y Vida de la Caravana Mexiquense, mientras que en marzo pasado, al acercarse a su cuarto año de aniversario como organización, realizaron un foro frente a la sede del ejecutivo estatal, hasta donde llegaron presos políticos que alcanzaron la libertad por vía de una amnistía federal y quienes se solidarizaron con la locura de estas mujeres en el Estado de la impunidad. Una Amnistía “que sirva” 

La ley de Amnistía del Estado de México se aprobó a principios del 2021 y derivo en reglamentos y procedimientos para dar justicia a los llamados “injustamente presos” por violaciones a Derechos Humanos o al debido proceso, incluyendo un procedimiento particular para los acusados por delitos graves o de alto impacto, como los que enfrentan las mujeres del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” y sus seres queridos presos. 

Entre las irregularidades que se buscó corregir con la amnistía se encuentran detenciones ilegales, arbitrarias o sin órdenes de aprehensión; torturas y tratos crueles o inhumanos; juicios a indígenas sin traductor, “desechamiento” injustificado o cuestionable de las pruebas de inocencia y de los testigos de descargo, así como sentencias dictadas a partir de un solo testimonio incidental -conocido como testigo singular-, sin peso verídico ni respaldo de algún otro testigo, entre otra irregularidades.  

A partir de estos procedimientos que involucraron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), el organismo dictaminó favorablemente desde junio del 2021, un total de 25 expedientes para otorgar la amnistía a igual número de personas afectadas con juicios que violentaron sus Derechos Humanos en delitos graves que les fueron imputados, pero no demostrados con pruebas científicas. 

Al final quedaron 23 expedientes y 16 sin ser acatados. 

Si bien las resoluciones son reales y están firmadas por quien fuera el titular de la CODHEM, Jorge Olvera García, el organismo los desconoce en la actualidad, lo mismo que el gobierno de Delfina Gómez. 

Finalmente y tras 330 días de plantón en el que no se dio cumplimiento a la Ley de Amnistía del Estado de México por ninguno de los gobernadores del Grupo Atlacomulco ni del Grupo Texcoco –fusionados ahora en uno solo-, las mujeres del colectivo Haz Valer Mi Libertad A.C., se retiraron. 

Previamente sostuvieron un encuentro con autoridades del Estado de México que les prometieron nuevas “mesas de trabajo” para revisar sus casos, aunque en teoría ya existían, pero no se conocen resultados.  

En marzo pasado, las mujeres del colectivo, al frente de Leidy Plácido, aseguraron que solo se trató de una acción de simulación en el gobierno de la 4T. 

La realidad es que los presos por delitos fabricados siguen sin recibir justicia. 

El colectivo surgió tras la liberación el 30 de enero del 2020 de Humbertus Pérez, un líder social que estuvo prisionero más de cuatro años bajo cargos falsos para acallar sus demandas contra políticos pirístas involucrados en presuntos fraudes inmobiliarios; tras ser absuelto se lanzó a empujar una Ley de Amnistía, junto con otro colectivos, al asegurar que al menos el 60% de los presos de las 22 cárceles mexiquenses eran inocentes. 

Una “amnistía” por definición es “la extinción de responsabilidad mediante una forma de ejercicio del derecho de gracia que supone la extinción de la infracción y de todas sus consecuencias”, de acuerdo con el Diccionario Panhispánico de la Real Academia Española. También se puede definir como el “perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. 

En el caso de Edomex los legisladores de Morena de la LX Legislatura Local, diseñaron una amnistía que devolvió a los jueces del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) el poder de decretarlas, no obstante estar implicados directamente en todos los casos denunciados por las familias. 

Finalmente los mismos jueces terminaron boicoteándola –en los casos de delitos graves-, como advirtieron los expertos consultados. 

El propio abogado José Antonio Lara Duque, de Zeferino Ladrillero A.C., aseguró que los sectores más conservadores de la derecha en Edomex están enquistados en el Poder Judicial, por lo que están más preocupados por blindar el supuesto prestigio de los togados, “antes que aceptar que fallaron”. 

Las madres, esposas, hermanas y la abuela de “Haz Valer Mi Libertad” levantaron entre lágrimas su plantón el pasado 9 mayo, a solo 3 semanas de cumplir 365 días de resistencias. 

Delfina Gómez logró desmantelar su emblemático campamento sin ofrecer en los hechos nada y violentando las amnistías emitidas por la CODHEM, violando así ella misma la ley.