Publicación original del 10 y 11 de mayo del 2024

  Nota del 6/Marzo/2024: Luchamos contra la censura. Este trabajo ha sido boicoteado con ataques cibernéticos en cuatro ocasiones. Esta es la quinta vez que lo recolocamos. Seguiremos trabajando para la gente.


Dicen que al indígena Tomas Gabriel Crisanto lo torturaron “de pies a cabeza”. Su cuerpo en pocas horas se convirtió en una llaga viva que lanzaba alaridos en otomí que nadie entendía.

  También en otomí intentó defenderse ante el juez que reiteradamente le negaba la palabra, sin siquiera atender a su versión de los hechos en esa lengua extraña… La historia de Tomás es representativa pero no es la única. Llegó directo a su suplicio por propio pie, de buena fe, dirían. Se presentó a declarar inmediatamente después de que supo que policías lo habían ido a buscar.

  “Lo recibieron a putazos…”.

  Tomás recibió choques eléctricos en diversas partes del cuerpo, incluyendo sus partes íntimas; golpes en la cabeza y puñetazos en los oídos que le provocaron sordera casi total; jalones de cabello; golpes en manos, dedos y pies, costillas, cabeza, cadera; torceduras de hombros, brazos, piernas; y tortura psicológica con amenazas de desaparecerlo, torturar y violar a su esposa e hija si no accedía a incriminarse por escrito.

  Al igual que Tomás existen al menos otros dos indígenas criminalizados y torturados que permanecen en la cárcel a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió dictámenes favorables para amnistiarlos de inmediato -en 2021- ante la considerable cantidad de anomalías y violaciones al debido proceso detectados en sus juicios.

  A Daniel Plácido Arroyo, trabajador de una vulcanizadora de paso –y el único de este grupo que fue liberado pero no por la vía de la amnistía-, lo secuestraron el 05 de noviembre de 2015, sujetos que se dijeron ser policías, pero sin una orden de aprehensión ni identificaciones oficiales y a bordo de una camioneta privada.

  En algún lugar no público y desconocido lo sometieron a diversas sesiones de tortura; le quemaron la barba en directo con un encendedor lo que le provocó quemaduras en la cara y cuello y un trauma del que no logró recuperarse nunca; recibió golpes en el rostro y cuerpo propinados con la mano abierta para no dejar marca; le hicieron “palancas” con los brazos hacia atrás y hacia arriba hasta casi reventarle los omóplatos, razón por la que actualmente sufre de tics y dolores crónicos.

  Plácido Arroyo también paso por la “ruleta rusa” algunas veces con el cañón en los oídos y otras en la boca abierta con la cabeza echada hacia atrás.

  Las denuncias por detenciones arbitrarias y torturas en el Estado de México son desbordantes, saturan las instancias disponibles para los ciudadanos donde pueden al menos poner una queja, de las que escasamente prospera alguna. De hecho ninguna.

  Tan solo de las 2 mil 635 solicitudes de amnistía que recibió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en 2021, en 285 casos la motivación de la solicitud fue la tortura, sin embargo de forma global ese año, el organismo recibió 978 quejas por tortura, de acuerdo con su informe anual consultado en línea en abril de este año (2024).

  Curiosamente no existe evidencia documental que haya permitido establecer el procesamiento de un solo caso para castigar la tortura o las detenciones arbitrarias que lo preceden aunque los casos se amontonan en los archivos del organismo. Tampoco se localizaron resoluciones por parte de la titular de la comisión, que fincara cargos o denunciara directamente a torturadores institucionales. Nada.

Se intento consultar a la titular de la CODHEM, Myrna García Morón, responsable de procesar los casos, pero se negó a dar una entrevista.

Pese a ello, una confronta de informes anuales entre los emitidos por la CODHEM y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), entre 2016 y 2021, confirman la impunidad absoluta en ambos delitos por ambas instituciones.

  De hecho en ese informe de la CODHEM, el del 2021, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fue señalada como principal responsable de presuntas violaciones a las garantías individuales de entre las dependencias dependientes del Estado en más del 20%, esto sin citar a los ayuntamientos en su conjunto porque una comparativa –matemáticamente- solo es posible entre categorías similares y los ayuntamientos son entidades geográficamente autónomas y no son parte del Estado, como sí lo es la fiscalía.

  En contraste, el informe de labores 2021 del presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México (TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar –designado ahí por su amistad con Alfredo del Mazo Maza y sin carrera judicial previa- , no suscribe una sola sentencia que haya sido emitida en 2021 por el tortura, no obstante que, por ejemplo, el propio Plácido Arroyo denunció su caso en la carpeta TOL/TOL/FSP/005/013012/16/07, que al parecer nunca se integró, pero si es citada en el dictamen de amnistía número 400C1A0000/060/2021 de la CODHEM con fecha del 03 de junio del 2021, emitido a su favor.

  Como se sabe el pasado 2 de mayo Placido Arroyo se integró a su hogar tras casi nueve años de permanecer injustamente preso, sin embargo el dictamen que lo amnistiaba desde el 2021 nunca fue acatado, sino que su libertad se logró por medio de otros recursos legales.

  Pero 2021 no fue atípico en las quejas por tortura contra agentes del Estado mexiquense ante la CODHEM. Los suplicios constituyen una práctica vigente para forzar los casos y obtener “autoculpas” en tiempo récord, confirmaron familiares. Esto se refleja directamente en la estadística oficial.

  En 2016 –por ejemplo- la fiscalía –antes procuraduría- concentró el 21.5% de quejas ante el ombudsman local por abusos contra los ciudadanos, esto es un total de 2 mil 098 personas que reclamaron violaciones “a la igualdad y seguridad jurídica”; otros 550 casos fueron denuncias por violaciones al “derecho a la libertad”, otros mil 15 por violaciones al derecho a la “integridad y la libertad personal”.

  En 2019 ya siendo gobernador Alfredo del Mazo Maza, la FGJEM ocupó también el primer lugar estatal entre todas las dependencias del Poder Ejecutivo en quejas ante el ombudsman local por presuntas violencias institucionales a los Derechos Humanos, con un 20.5% del total y 2 mil 156 denuncias ante la CODHEM.

  La mayoría de estos casos fueron “por tratos indignos” violatorios de la integridad, la seguridad personal y contra “la libertad”, según las denominaciones que el propio organismo consigno ese año en su informe.

  Además en 405 casos se denunció la violación al “derecho a la protección contra toda forma de violencia”; en 406 casos más el "derecho a la protección de la integridad"; en 310 quejas por una "inadecuada administración y procuración de justicia", y en 978 casos adicionales por violentar el "derecho a la debida diligencia"

  También en 2020 se presentaron 2 mil 036 nuevas quejas contra la fiscalía -sus agentes y funcionarios-; y 291 contra el Poder Judicial de Edomex (PJEM).

  El motivo de queja en una clasificación denominada como "hechos violatorios genéricos" que consigna la CODHEM en el informe de ese año da la siguiente numeralia -adicional a la arriba señalada-:

2 mil 968 casos denunciados ante la CODHEM por violaciones "a la legalidad y seguridad jurídica; otros mil 248 casos por violaciones al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal; 978 quejas iniciadas por violaciones a Derechos de las Personas privadas de la Libertad y en 313 quejas por hechos violatorios genéricos al “Derecho a la Libertad”.

Por si fuera poco, en otra estadística complementaria dentro del mismo informe pero por "Hechos Violatorios Específicos" se indica el inicio de mil 370 quejas por violencias al Derecho a la Fundamentación y Motivación; 815 por hechos violatorios al derecho de la Debida Diligencia y 655 quejas por violar la garantía de "no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la Fuerza Pública". Como se observa la CODHEM en 2020, hizo dos clasificaciones que incluyen típicos hechos relacionados con detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza pública, o torturas por parte de agentes del Estado, esto es policías o Ministerios Públicos, casi siempre.

  Hay que subrayar que cada año –salvo 2021-, los “eufemismos” que suplantan el término de “tortura” en la estadística de la CODHEM se renuevan o cambian, lo que dificulta el seguimiento de casos -algo típico en las instituciones públicas del Estado de México para evitar el escrutinio público-, mientras que en 2022 la estadística por tortura en el informe de la CODHEM, desapareció por completo.

  La Ombudsman que obstruye la justicia

  Entre toda esta marea numérica, buscamos un solo caso relacionados con torturas y detenciones arbitrarias que CODHEM haya empujado para hacer justicia o acompañar a las víctimas o sancionar a lo victimarios, pero no encontramos uno solo.

  Lo que si encontramos fue evidencia documental de que la CODHEM al frente de Myrna García Morón –excolaboradora de Enrique Peña y responsable de "limpiar" las cifras de feminicidios en su sexenio (2005-2011) como una de las primeras fiscales especializadas-, combatió activamente el acceso a la justicia de las víctimas de delitos fabricados.

Un informe de García Morón, dirigido al Congreso Local del 14 de marzo del 2022 al que Observermex tuvo acceso, indica que a esa fecha se tenían registradas 3 mil 076 solicitudes de “amnistía”, de las cuales 2 mil 168 se presentaron “por delitos de alto impacto”, es decir potenciales casos de fabricación de carpetas similares a los que desataron la movilización de familiares de “Haz Valer Mi Libertad A.C.”.

Sin embargo la propia "defensora del pueblo", desechó los dictámenes de amnistía emitidos en 2021, apenas arribó al cargo el 14 de agosto del 2021. Los dictámenes llevan la firma de su antecesor Jorge Olvera García, quien en total acreditó 25 amnistías a favor de personas acusadas injustamente de "delitos graves".

La cancelación de Amnistías

La cancelación se desprendió de un oficio dirigido a la Legislatura Local el 14 de marzo del 2022 -del que obtuvimos una copia de archivos de transparencia-, para darle respuesta a un exhorto del Congreso Local del Estado de México, en el que se le pide atender a campesinos que buscan amnistiarse.

  En dicho oficio la ombudsman responde que "dejó sin efecto los resolutivos de amnistía" ya que impondrá un nuevo procedimiento para evaluar y procesar los casos, además de responder que “la categoría de campesino no es aplicable a los indígenas".

  La ombudsman quien antes también fue presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (donde promovió lactarios, clases de yoga y permisos para faltas por trastornos fisiológicos o menopausia, pero sin castigar un solo caso de corrupción a gran escala como los registrados durante el gobierno de Alfredo del Mazo), fue designada en la CODHEM por los diputados de Morena el 13 de agosto del 2021, no obstante su perfil –o quizás por ello- como ex fiscal de feminicidios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2005-2011).

  El 19 de marzo pasado se gestiono directamente en el área de comunicación social, una entrevista con García Morón o en su defecto con el "visitador" responsable de administrar las amnistías para conocer su postura ante el reclamo de las integrantes del colectivo "Haz Valer Mi Libertad". En respuesta prometieron gestionar y programar la entrevista, para lo cual nos regresarían la llamada, lo cual no ocurrió. Insistimos. Fuimos ignorados. Lo mismo en el Poder Judicial donde tampoco contestaron un cuestionario que les fue entregado el 18 de marzo.

  Los Lorenzana, tres hermanos "cazados" por la Justicia Mexiquense

En 2007 los hermanos Heriberto, Edmundo y Enrique de apellidos Santiago Lorenzana, fueron culpabilizados sin pruebas científicas por un homicidio y torturados simultáneamente en oficinas dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que operan como mazmorras en sus oficinas de Lerma, según el testimonio de las víctimas conocido a través de sus familias.

  Los hermanos Lorenzana fueron pateados, asfixiados, azotados contra el suelo y apaleados en espalda y glúteos, además de recibir toques eléctricos en las partes íntimas (lo que provocó en uno de ellos cáncer testicular).

  En su suplicio de la moderna justicia que opera en Edomex –sin cambios en las estructuras y operatividad de la FGJEM de acuerdo con la confirmación fuentes ministeriales consultadas-, también recibieron golpes en cabezas, jalones de pelo, arrastramientos y sometimiento a tortura psicológica en las oficinas "de acceso a la justicia", hasta obligarlos a firmar, prácticamente con sangre, sus propias culpas ficticias.

  Antes del suplició fueron “cazados” uno a uno entre las calles de su pueblo en Santiago Tianguistenco por agentes judiciales que dijeron ser de la FGJEM, pero sin mostrar acreditaciones oficiales, ni ordenes de aprehensión y sin portar uniformes o vehículos con identificaciones de la FGJEM, lo que pone en evidencia las detenciones ilegales o arbitrarias de que fueron víctimas, recuerda su hermana.

  Teresa también recuerda como sus hermanos en alguna de las sesiones de torturas fueron obligados a ver el suplicio de otro de ellos para coaccionarlos a firmar documentos auto-incriminatorios. También los amenazaron con atacar a sus familias.

Firmaron.

  Tras su detención violenta en tres puntos distintos del pueblo y no obstante las torturas, su caso judicialmente hablando, podría ser un documento emblemático de cómo se construye la justicia en Edomex.

  Su juicio fue armado en retazos inconexos por el que pasaron once jueces y casi 20 secretarios, quienes fueron y vinieron sobre el voluminoso expediente, agregando, quitando y borrando hasta construir los 20 tomos que lo integran y que construyeron a lo largo de más de una década, al pasar de mano en mano y de archivo en archivo.

  Familiares de los hermanos Santiago Lorenzana aseguran que ninguno de los jueces ni secretarios sin embargo, se tomó la molestia de leer o estudiar de manera íntegra el voluminoso expediente, pues de hacerlo hubieran advertido que al final se trataba de un “mamostreto” inentendible, sin ninguna lógica ni hilo conductor, que crearon entre todos…

  La última jueza de este caso Verónica Contreras Marín, se presentó en la parte final del juicio para simplemente estampar su firma en la sentencia de más de 60 años de prisión por un homicidio que en la realidad quedó impune, pues este fue un montaje más pero a tres pistas…

  El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó el 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las "víctimas de tortura" y pugna por su erradicación total y la aplicación efectiva de la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, según su resolución 39/46 que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

  De acuerdo con la ONU-DH, la tortura se considera un "crimen" en el Derecho Internacional.

  "La tortura está absolutamente prohibida en todos los instrumentos internacionales y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen contra la humanidad", advierte el organismo.

  Recientemente Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura.

  En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece en su artículo 5o, el "derecho a no ser torturado"...

  De víctimas a verdugos, por coacción de agentes del Estado

  También existen expedientes como el de Eduardo Rebollo o el de los propios hermanos Lorenzana, en los cuales las víctimas de los delitos de alto impacto fueron coaccionadas por agentes del Estado para mentir y difamar a los “falsos” criminales –los llamados “pagadores” que suplantaron a los verdaderos criminales-, por lo que el acceso a la justicia hasta para las propias víctimas quedo boicoteada, al convertirlas en verdugos dentro de sus propios juicios, según se desprende de los testimonios de las familias.

  Los hermanos Santiago Lorenzana, al igual que el resto de “los pagadores” de Haz Valer Mi Libertad A.C., son parte de las víctimas de este singular sistema de justicia mexiquense y se encuentran en la larga fila de “falsos positivos” que demandaron la amnistía "que sirva".

El nuevo modelo de justicia, uno criminalizante y racista…

  Las detenciones ilegales de personas que abarrotan las cárceles en México (con más de 32 mil reos en 21 penales mexiquenses) son resultado de un intrincado esquema de suplantación de inocentes por criminales que ha venido operando en el país desde el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa y que en el caso de Edomex, marcó los gobiernos priístas a partir de Arturo Montiel Rojas, aseguró el activista Adrián Ramírez.

  El presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (LIMEDDH), sostuvo que durante la gestión panista se impuso un “narco estado policiaco militar” que a su vez derivó en un modelo criminalizante contra la población de menos recursos, ya que al tiempo que se controló y organizó a la delincuencia desde las propias instancias de seguridad, se impulsaron reformas profundas para supuestamente mejorar el “derecho” , lo que favoreció a los grandes capitales, pero no para mejorar el acceso a la justicia.

  “Ellos crearon un estado de Derecho que rompía con la justicia, y entonces por ejemplo jueces, Magistrados y Ministerios Públicos, cuidaron una legalidad que fue modificada para mantenerla pero no daban justicia; entonces topamos con una justicia clasista, racista, sexista y altamente corrupta”, resumió.

  El activista que impulsa la libertad de más de 30 presos políticos en el país, aseguró que este sistema “ha colocado en el centro la supuesta alta reputación de los jueces, así se violen Derechos Humanos masivamente”.

  “Y eso fue lo más grave porque con la intención de proteger a los jueces por su importancia de encomienda, aquí buscaron pagar mejores salarios a todos ellos, supuestamente con la idea de que no se corrompieran y lo que devino fue en un aumento en la cuota para aspirar a la corrupción, y solo los que podían tener acceso a la justicia pagando eran los realmente beneficiados, como lo seguimos observando en los fallos judiciales que se tienen”, sostuvo.

Durante una entrevista que concedió en exclusiva, Ramírez sostiene que en el "narco-estado" que se implantó en el periodo de Genaro García Luna "ellos mismos organizaron a la delincuencia y crearon un estado de Derecho que rompió con la justicia", advierte.

Mencionó que la teoría de que grupos de narcotraficantes infiltraban a las instituciones y las corrompían en este periodo, claramente se vió como el Estado "viró hacia convertirse en eso, y fueron ellos quienes organizaron a la delincuencia, quienes la estructuraron, quienes le dieron entrenamiento, les dotaron de armas, repartieron territorios y a pesar del esfuerzo eso no ha logrado desmantelarse", sostuvo.

También advirtió que dentro de este sistema lo más grave fue que bajo el supuesto de proteger a jueces y magistrados los togados fueron incorporados al esquema pagando mejores salarios para que supuestamente, dijo, no se corrompieran "y lo que devino fue en un aumento de la cuota para aspirar a la corrupción", ya que solo quienes podían pagarla pues eran los realmente beneficiados... por eso podemos ver como hay miles de personas con delitos famélicos que están esperando poder pagar el pago de daños, para poder salir de la cárcel; personas que han perdido la posibilidad de un beneficio, de un juicio abreviado porque no tienen para pagar el pago del daño y la multa, aseguró el presidente de la LIMEDH.

Admitió que sería difícil de creer que estos esquemas han sido desmantelados en el Estado de México, durante la nueva administración.

  Por otro lado y de acuerdo a lo que se desprende de los propios dictámenes de amnistía que rechazaron reconocer las autoridades actuales del Estado de México y los testimonios de las víctimas y sus familias, en los montajes jurídicos del Estado de México estarían involucrados agentes ministeriales, defensores públicos, abogados privados y hasta jueces y Magistrados implicados directa, indirecta y tangencialmente en la fabricación de carpetas.

  Leidy Plácido Arroyo, vocera del movimiento, reconoció que estamos frente a un sistema de justicia en Edomex que castiga la pobreza y discrimina a las personas morenas, al negarles el acceso a la justicia mediante el cumplimiento de la Ley de Amnistía.

  Ley de Amnistía, la ley violentada

  Esta ley fue promulgada el 5 de enero del 2021 y entró en vigor al día siguiente. Fue generada para llevar justicia a las personas de escasos recursos y grupos vulnerables –como personas indígenas y mujeres- que permanecen en las prisiones y a quienes se les fabricaron carpetas de investigación, incluso por delitos graves.

  La legislación que se impulsó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal, instituyó un mecanismo adicional para revisar los casos de personas con delitos de “alto impacto”.

  Este mecanismo sin embargo involucró a sectores o áreas de las mismas dependencias gubernamentales involucradas en la violación de derechos humanos dentro de los aparatos de justicia vigentes en Edomex. Es decir que involucró a jueces para dar el visto bueno final a las amnistías, con lo cual los responsables de condenar a inocentes -avalando las carpetas fabricadas- fueron convertidos así -por vía de legisladores de Morena, paradójicamente- en "juez y parte" de sus mismas sentencias arbitrarias...

  Si bien el artículo 4, fracción XII de la Ley de Amnistía del Estado de México establece que “con independencia del delito que se trate, se decretará amnistía a las personas privadas de la libertad que cuenten con resolución o pronunciamiento de algún organismo nacional o local de Derechos Humanos en el que se proponga su libertad, donde se desprendan violaciones a Derechos Humanos y/o al debido proceso”, el procedimiento que al final se aprobó para aplicar este artículo, involucró mesas de trabajo del propio Poder Judicial del Estado de México. Una locura.

Del Hogar a la investigación pericial o... por amor a un hijo

  Es por ello que frente a esta circunstancia las familias de “pagadores” pero particularmente sus madres, hermanas, esposas e hijas se lanzaron a rescatar a sus hijos, para convertirse en improvisadas investigadoras y criminalistas, además de activistas por la libertad.

  Así Guadalupe Silvestre, una modesta mujer de 50 años de edad originaria de un pueblo de Atizapán, descubrió que había un video en el que quedaba constancia de la violenta detención de su hijo Eduardo Rebollo –en 2017- sin ninguna orden de aprehensión y a punta de pistola, por lo que la supuesta teoría de que Lalo asistió a un “pago controlado” de un secuestro, era falsa.

  O el caso de Luisa Montoya quien no solo encontró los elementos científicos de la inocencia de su hijo, sino también localizo testigos oculares del crimen, en el cual el auténtico autor también se llamaba Carlos –dato génesis del montaje contra su hijo, ya que “necesitaban un Carlos de la zona”-, o Martha Aldama, una mujer divorciada de Zinacantepec, quien ubicó a los testigos del homicidio por el que acusaron a su hijo Pedro y reconstruyó ella misma la investigación completa que nadie, ningún agente de la FGJEM, se molestó en integrar para salvar a un inocente.

  Que decir de María Felix García de 73 años de edad, la única madre y abuela de “Haz Valer Mi Libertad”, a quien en un solo evento criminalizante le arrebataron a su hijo y a su nieto de apellidos Juárez. Ambos en la actualidad son explotados por el sistema judicial, ya que son expertos en construcciones y han participado en la edificación y equipamiento de juzgados sin cobrar un solo peso, confirmó ella misma.

  Ella sola pese a su edad, encontró testigos y rastreó a la víctima –otra mujer- del crimen que le imputaron a los Juárez. O el caso de Teresa Santiago Lorenzana, quien junto con sus hermanos que quedaron –ya que tres fueron detenidos y torturados-, se inscribieron en la universidad para estudiar la carrera de Derecho tan solo “para entender el expediente y defender” a los otros tres que permanecen en la cárcel desde el 2007.

  Años después reconstruyeron el caso con las pruebas de la inocencia de Heriberto, Edmundo y Enrique de apellidos Santiago Lorenzana, encarcelados por un homicidio de alguien cuyo nombre ni siquiera conocieron, tampoco a ningún familiar de la víctima que respondiera en los juzgados.

  En todos los casos nada sirvió. Los jueces “traían línea” como asegura Luisa García Montoya, quien al igual que en el caso de Eduardo Rebollo, los defensores públicos que les asignaron, se esforzaron pero para persuadirlos a aceptar culpas ajenas…

  De las "ratas sin derechos humanos" de Montiel a los falsos culpables de Eruviel, Del Mazo y...

  Los montajes armados sobre “pagadores” en años recientes, buscaban “solventar” las desbordadas estadísticas delictivas del Estado de México, coincidió José Antonio Lara Duque de la organización defensora de Derechos Humanos, “Zeferino Ladrillero A.C.”.

  Aseguró que la fabricación de carpetas se hizo por años en Edomex, para simular que la impunidad se estaba combatiendo y que las estadísticas delictivas iban a la baja. "Entonces lo más fácil era salir a las colonias paupérrimas, a los pueblos alejados, donde está la gente más pobre, y cazar inocentes".

  Indicó que así en estos montajes usaron sobre todo personas de barrios pobres y particularmente morenos. La mecánica era sencilla: son detenidos por cosas simples y ya en la cárcel se les imputaban carpetas de delitos graves sin resolver.

  Lara Duque también coincide con Adrián Ramírez de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (LIMDDH), en el sentido de que antes que hacer justicia a estas personas inocentes criminalizadas por el Estado, se optó por salvaguardar el supuesto prestigio de jueces y magistrados implicados en estos casos. El Estado prefirió condenar a inocentes.

  Leydi Plácido Arroyo, la vocera del colectivo "Haz Valer Mi Libertad", apunto que en Edomex se criminaliza la pobreza y la piel. También advirtió que en prácticamente todos los casos, las víctimas fueron sujetas a un "modus operandi" similar. Los policías los secuestraron por varias horas, los torturaron y en varios casos actuaron usando camionetas blancas aparentemente institucionales.

  Salían -y aún salen, según los últimos reportes de fuentes consultadas-, a cazar... Del grupo original que obtuvo la acreditación de la CODHEM para ser amnistiados al comprobarse su inocencia y las violaciones al debido proceso, al menos uno fue excarcelado por evasión y daño en bienes, otro por robo a casa habitación, otro por robo de vehículo automotor y otro por homicidio, mientras Daniel Plácido, quedo libre pero no por la vía de la amnistía 400C1JA0000/060/2021 emitida el 3 de junio del 2021 a su favor, sino por otros recursos legales.

  Otros más obtuvieron la libertad por delitos no graves, pero nunca se han respetado los dictámenes de la CODHEM del 2021 relacionados con la criminalización por delitos graves –imputaciones falsas- de secuestros y homicidios, principalmente.

  A la fecha suman 16 casos de “Haz Valer Mi Libertad” que demandan la efectividad de este derecho y cuyos delitos por los que fueron procesados son de los llamados de "alto impacto" pero que ellos no cometieron. Un reconocimiento a la suplantación de ellos como culpables bajo procesos fraudulentos, sentaría un real precedente para hacer justicia; toda vez que existen otros alrededor de cien casos que se sumaron en el último año, advierten los activistas.

  Realidad Mexiquense: inseguridad, incompetencia e impunidad.

  El Estado de México se ha mantenido en los últimos años en los primeros lugares en los niveles de homicidios, feminicidios y robos en todas sus modalidades, mientras que durante el sexenio de Alfredo del Mazo se dispararon las extorsiones en 1358.12%, al iniciar con mil 385 casos anuales en 2017 y cerrar con 18 mil 810 casos entre enero y agosto del 2023, por lo que en realidad el aumento de este delito se acercó al 2000% en seis años.

  Actualmente Edomex se ubica entre las seis entidades con más homicidios a nivel nacional (de acuerdo datos proporcionados en la conferencia matutina de AMLO) y tan solo de enero a marzo de este año aumentaron 12.71% los asesinatos y la incidencia delictiva un 11.65%, en datos oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP).

  Adicionalmente y de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el Estado de México se ubica en tercer lugar en número de personas desaparecidas con 12 mil 406 casos, después de Jalisco con 14 mil 988 casos y Tamaulipas, con 13 mil 178. Cuenta también con el doble de desaparecidos de Veracruz, el cual reporta seis mil 858 casos y Nuevo León, con seis mil 673, según las estadísticas oficiales de desaparición consultadas en mayo.

  Y no obstante y pese al fenómeno de fabricación de culpables, torturas, abarrotamiento de cárceles y niveles de impunidad del 90% a nivel nacional , de acuerdo al informe de Impunidad de México Evalúa emitido este año (y del 74.55% para Edomex en 2022 según la Universidad de las Américas de Puebla), a la fecha prevalecen los mismos esquemas de detenciones arbitrarias y procesamiento con violaciones al debido proceso -según se desprende de testimonios de activistas, familiares y ministeriales consultados-, pues el cambio de gobierno en 2023 con la llegada de Delfina Gómez de la mano de Morena, no ha implicado ningún cambio real hasta el momento en las formas en que opera el aparato de justicia en Edomex. Un aparato represor.

  Cabe destacar además que recientemente Delfina Gómez se pronunció en contra de erradicar la “prisión preventiva” en la entidad, mecanismo que facilita en Edomex mantener abarrotadas las cárceles de personas sin sentencia (alrededor dl 60%) y las detenciones arbitrarias.

  En mayo pasado, luego de que su gobierno persuadiera a las mujeres de Haz Valer Mi libertad a levantar su emblemático plantón sin atender en los hechos sus demandas de justicia, la mandataria encabezó un evento en Palacio de Gobierno en el que aseguró que su gobierno "hace justicia con la liberación de presos inocentes…”, una línea discursiva que sin embargo no tiene sustento en la realidad carcelaria ni en la realidad de las mujeres del colectivo "Haz Valer Mi Libertad A.C.".

  A esas mismas mujeres –auténticas luchadoras sociales- les dijo que abrirán nuevas mesas de trabajo, mientras Horacio Duarte, el secretario general de gobierno dijo que en Edomex “hay una nueva era”, solo que esta no se ve por ningún lado.

  En el evento discursivo estuvo Ricardo Sodi Cuellar titular del PJEM, quien se ha negado a admitir los dictámenes de amnistía, el fiscal y la titular de la CODHEM, Myrna García, quien repudió los informes y nunca los transparentó.

  Delfina Gómez cuenta con las capacidades legales para ordenar la amnistía o el indulto, ese que en una tarde de movilizaciones las mujeres del colectivo también le demandaron, aunque las ignoro. Como hasta ahora..

  La realidad es que los pagadores del colectivo “Haz Valer Mi Libertad”, siguen liquidando culpas ajenas.