28 de febrero de 2025

Por Analy Nuño para A dónde van los desaparecidos

En el crucero de San Antonio, a una hora y media de distancia de Manzanillo, el estado de alerta se activa. La recomendación de quien conoce la zona es clara: “No pueden detenerse mucho tiempo aquí [sobre la carretera federal 98]. Para allá, [el poblado La Tuna], ni siquiera entrar; hay retenes de la maña”.

Son los primeros días de febrero de 2023 y, en este punto de la Sierra de Manantlán, se percibe el miedo que atraviesa una región donde la defensa del territorio, librada por los ejidatarios contra el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada —propiedad de las trasnacionales Ternium y ArcelorMittal—, y los ataques del crimen organizado han dejado un saldo de siete víctimas de desaparición y 39 asesinatos desde 1996, según una lista elaborada por los pobladores de la comunidad nahua otomí de Ayotitlán.

La violencia, la persecución y las amenazas contra los ejidatarios han convertido este lugar, en la frontera que forman el municipio jalisciense de Cuautitlán de García Barragán, y el colimense de Minatitlán, en una zona silenciada.

Dos años después de ese recorrido, persisten la inseguridad y las agresiones contra los pobladores. Desde 2023, esta reportera ha mantenido contacto con al menos una decena de ejidatarios de Ayotitlán para conocer la situación en la zona. Sus nombres se mantienen en el anonimato, al igual que otras fuentes incluidas en el reportaje, debido a los riesgos que enfrentan.

El peligro en que se encuentran los defensores del territorio en Ayotitlán hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara, en marzo de 2024, medidas cautelares a más de una decena de habitantes de la comunidad para garantizar su protección.

Tras el asesinato del defensor Higinio Trinidad de la Cruz en noviembre de 2023 hubo un periodo de calma, pero según la versión de los pobladores, en los últimos seis meses sujetos armados han entrado por la fuerza a casas de familiares de víctimas de desaparición, asesinato o desplazamiento forzado cuando se encontraban ausentes. De regreso en sus hogares, solo encontraron destrozos.

Pobladores y ejidatarios que mantienen su lucha contra la minería y la tala clandestina son vigilados; algunos han sufrido, incluso, intentos de secuestro, mientras que habitantes de comunidades como El Naranjal, Mameycito, Las Pesadas y La Astilla —la más cercana a la mina—, denuncian que han sido amenazados con el objetivo de que abandonen sus localidades ante la presunta intención de la minera de extender la zona de exploración y explotación.

“Esa mina agarró las tierras, todas las tierras de cultivo ahorita ya son de ella porque, según ellos, son zona de mineral”, dijo uno de los pobladores afectados, quien afirma haber recibido advertencias por defender su propiedad. “La mina está a espaldas de la comunidad, nada más han ido haciendo cortes y cortes, y quiere sacarnos de la comunidad”, afirmó en un encuentro sostenido el pasado noviembre.

Contactada por este medio, el área de comunicación de Peña Colorada aseguró que “ha operado y opera en todo momento dentro del marco de la ley y con un alto sentido de responsabilidad social”, y agregó: “Rechazamos enérgicamente cualquier intento de relacionar a Peña Colorada con actividades ilícitas o criminales”. Aseguró además que la empresa mantiene “relaciones cordiales, transparentes y de respeto a los derechos humanos con los habitantes de los ejidos de Colima y Jalisco”.

Peña Colorada inició operaciones en 1975 como una empresa paraestatal, hasta que fue privatizada en 1991. Desde 2005 pertenece a dos trasnacionales del acero, que poseen cada una el 50% de las acciones: Ternium, empresa del grupo italoargentino Techint y concesionaria también de la mina Las Encinas en Aquila, Michoacán, y ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica del mundo.

Cada año extraen de Peña Colorada 4.1 millones de toneladas de pellets —un aglomerado en forma de esfera—, que representan el 30% del mineral de hierro que se utiliza en la industria nacional, según información de su página web. La mina abarca 1,202 hectáreas.

Decenas de crímenes

La desaparición del líder nahua Celedonio Monroy Prudencio la noche del 23 de octubre de 2012, tras ser golpeado por un comando de hombres armados que se introdujo en su casa de Loma Colorada, significó un parteaguas en la lucha que la comunidad del ejido de Ayotitlán sostenía con la minera para obtener el pago de regalías por la extracción de hierro, y contra los talamontes que explotaban maderas como pino, cedro y parota para exportarlas a China.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Colima, donde más tarde estudió la carrera de Derecho, Monroy, de 37 años, fue director de Asuntos Indígenas del municipio de Cuautitlán y un defensor de los derechos de las comunidades y de los recursos naturales del territorio. Quienes se lo llevaron lo acusaron falsamente de tener armas; destrozaron y saquearon su casa, y amenazaron a su esposa, Blanca Estela Gómez Larios. Los culpables siguen libres.

“Él [Monroy] andaba metido en la organización para defender la sierra, estaba preocupado porque se iban a acabar el agua y los árboles. El gobierno no hizo nada para buscarlo cuando recién sucedió [su desaparición]; decían las autoridades que estaban investigando, pero nunca avanzó la investigación. Hasta ahora no hay nada”, dijo un familiar del defensor, entrevistado en 2023.

En junio de 2012, cuatro meses antes de la desaparición de Monroy, ocurrió la del defensor Agustín Mancilla Partida en Villa Purificación. Dedicado al campo, en ese tiempo participaba en la creación de una cooperativa de productos orgánicos.

Uno de los hombres cercanos a Monroy era Higinio Trinidad de la Cruz, con quien hizo mancuerna para fundar en 2009 la asociación civil Promejico Nueva Ruralidad Jalisco con el objetivo de impulsar proyectos productivos y defender los recursos naturales. Tras su desaparición, Trinidad de la Cruz continuó la lucha contra la minería y la tala en la Sierra de Manantlán. Once años después, el 24 de noviembre de 2023, fue desaparecido y, al día siguiente, hallado sin vida.

La desaparición de Monroy provocó que, durante cerca de 18 meses, los ejidatarios suspendieran las acciones de defensa del territorio. “En ese tiempo, la gente se preocupó y se organizó para hacer grupos de búsqueda, quedamos dolidos y que se lo llevaran infundió miedo; la lucha se paró”, recordó un ejidatario.

En 2014, estas acciones se reactivaron, conforme la mina de Peña Colorada era acusada de daños ambientales como la liberación de tóxicos en la Sierra de Manantlán y la contaminación de afluentes de agua. Organizaciones civiles y pobladores llevaron sus denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero fueron desestimadas. Fue hasta 2021 cuando la Profepa, en respuesta a una solicitud de información, señaló a la trasnacional, junto con otras 27 empresas, por impactos ambientales.

El año en que desapareció Monroy, 2012, fue también, de acuerdo con los convenios de ocupación temporal —de los que este medio tiene copia—, cuando la minera extendió de 401 a 1,202 hectáreas la superficie para la extracción de hierro, sin destinar ningún porcentaje de los ingresos a los 1,800 ejidatarios reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional con derechos de posesión sobre las tierras; al mismo tiempo, los grupos criminales reforzaron su presencia en la zona.

Desde 1991, los ejidatarios han buscado negociar el pago de regalías con la minera, pero ninguna de sus acciones ha prosperado. “Las operaciones de Peña Colorada en los estados de Colima y Jalisco no mantienen ningún convenio de regalías con ningún ejido”, afirmó la empresa en un comunicado de febrero de 2023 enviado a este medio.

En 2017 se renovó por un periodo de 30 años el acuerdo de ocupación temporal en Ayotitlán, que establece un pago único de 13 millones de pesos a los ejidatarios por la ratificación del convenio, más un pago mensual de 4 millones 302 mil pesos por concepto de renta de las tierras. Cada propietario recibe, afirmaron los ejidatarios entrevistados, alrededor de 3,000 pesos mensuales.

Solo 1,434 ejidatarios del padrón recibían la contraprestación en 2023, señalaron, debido a que una parte de las personas registradas fallecieron y los juicios sucesorios no han sido resueltos, mientras que a otras, dijeron, se les retiró el apoyo como castigo a su oposición a la minera.

En respuesta a un cuestionario enviado en junio de 2023, el área de comunicación de la empresa informó que, por los “convenios vigentes, Peña Colorada paga al ejido Ayotitlán aproximadamente 90 millones de pesos por año, entre pagos directos y planes sociales”. Estos pagos, agregó, son entregados a “los ejidatarios indicados por su asamblea, según el padrón vigente de aproximadamente 1,400 ejidatarios, a través de un depósito a las cuentas bancarias individuales”.

A los casos de Monroy y Mancilla se sumaron, la noche del 14 de julio de 2021, las desapariciones de Eusebio Jacobo Ciprián, Heriberto Jacobo Elías y Fernando Cobián Elías —del barrio El Llanito, en la comunidad de Telcruz—, y los hermanos Ernesto e Israel Cobián Martínez —de El Puertecito, en la comunidad San Doroteo—, quienes fueron sacados de su domicilio por personas armadas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según los ejidatarios entrevistados.

Sobre estos cinco pobladores existen versiones encontradas: personas cercanas a ellos y organizaciones que trabajan con las comunidades aseguran que continúan desaparecidos, mientras que algunos vecinos afirman que fueron liberados tres semanas después de que se los llevaron, pero se vieron forzados a desplazarse.

Desde 1996, han sido también asesinados 39 defensores del territorio en Ayotitlán, según una lista elaborada por los pobladores. Algunos eran integrantes del Consejo de Mayores —grupo de ancianos reconocido por la comunidad que comparte su sabiduría y consejos— y abiertos opositores a la expansión de la minera, como Adauto de los Santos Peregrina, asesinado en 1996, Nazario Aldama Villa en 2004, Francisco Concepción Gabiño Quiñones en 2006, y Aristeo Flores Rolón en 2007. A estos se agregan, en los últimos años, los homicidios de los activistas Rogelio Rosales Ramos en 2020; Javier Flores Elías, Rubén Anguiano Contreras y José Santos Isaac Chávez en 2021, e Higinio Trinidad de la Cruz en 2023.

‘Una vida llena de miedo’

En 2018, con el propósito de disuadirlos de la lucha, comenzaron a ocurrir desapariciones forzadas temporales de defensores, señaló un ejidatario. Varios pobladores vieron cómo eran subidos a patrullas de la policía municipal. “Se llevaban a los principales líderes de la resistencia. Varias veces se los llevaron a todos juntos a un predio, los amenazaban diciéndoles que no causaran alboroto, que se tenían que poner en orden”.

Organizaciones civiles y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas documentaron un hecho ocurrido a mediados de 2022, cuando hombres armados llegaron, a las 12:10 a. m., a la casa de J. —se reserva su nombre por seguridad—, ingresaron por la fuerza, lo golpearon y lo subieron a una camioneta. Diez minutos después repitieron la acción en el domicilio de Higinio Trinidad de la Cruz. Con los ojos vendados y las manos esposadas, ambos fueron trasladados con “el jefe”, un hombre de voz grave que los interrogó sobre sus acciones en defensa del territorio y les reclamó su postura contra la mina. Después de 36 horas, Trinidad de la Cruz —quien sería asesinado al año siguiente— y J. fueron liberados.

Otros cinco defensores de la zona fueron víctimas de este delito en los últimos años, con el mismo modus operandi: se los llevaron hombres armados y, tras recibir advertencias para que pararan su lucha, después de horas o días se les dejó en libertad.

“Desde el 2012 para acá hemos vivido una vida llena de miedo, de persecuciones, hemos sido amenazados. Andamos con el temor, se llevaron a muchos y ya no volvieron. Hay otros a los que les tocó contarla y los regresaron, les dicen ‘dejen de interferir en las minas, las minas son nuestras’. A otros los interrogan, les advierten que se desistan de los procesos contra Ternium y que saben quiénes son los que andan movilizándose”, refirió un ejidatario.

“A varios”, agregó otro, “fue el presidente municipal [de Cuautitlán] el que los citó mediante carta ahí a la presidencia; cuando llegaban a la reunión estaba el cártel y se los llevaron para interrogarlos”.

Fue el caso de T., relatan los pobladores, a quien el alcalde de Cuautitlán convocó, mediante oficio, a una reunión en la presidencia municipal en junio de 2021. Cuando llegó, fue recibido por un comando armado que lo trasladó a los juzgados, donde lo obligaron a desistirse de los procesos legales que había firmado en contra de la minera. En el lugar ya lo esperaban, dicen, presuntos representantes de la empresa y el juez para realizar el procedimiento de desistimiento. Contactado por este medio, el consorcio minero no hizo comentarios sobre este caso.

A Trinidad de la Cruz le sucedió lo mismo el 24 de noviembre de 2023; fue citado por el presidente municipal Jesús Delgado Camberos a una reunión en el ayuntamiento de Cuautitlán, donde fue desaparecido. Los primeros reportes advertían que había sido sacado por un grupo armado por la puerta trasera del edificio y subido a una camioneta. Al día siguiente, durante un operativo de búsqueda, encontraron su cuerpo con huellas de violencia en la Sierra de Manantlán.

En medio de los ataques y las amenazas, las traiciones también han marcado la lucha contra Peña Colorada. Los hombres del campo, los ejidatarios que resistían, los que un día se enfrentaron a las mineras y a la maña (como se conoce a los grupos criminales), terminaron por mimetizarse con aquellos que combatían. Ahora, dijeron miembros de la comunidad, son quienes cargan las armas y amenazan a quienes un día defendieron.

Esas mismas voces señalaron que integrantes del Comisariado Ejidal que hace más de una década denunciaron, junto a Monroy, la explotación minera y el impacto ambiental, ahora operan a favor de Peña Colorada para neutralizar la movilización.

Incluso fueron relacionados con el homicidio de José Santos Isaac Chávez: “Uno de ellos dijo en Telcrucito: ‘El que va a ser [presidente del] comisariado es el que llevamos nosotros, porque ese cabrón [Isaac Chávez] ni va a llegar’; pensamos que no iba a pasar algo grave, pero pasó”.

El 1 de abril de 2021, Isaac Chávez, abogado y candidato a la presidencia del Comisariado Ejidal, fue desaparecido de su casa en Telcruz; tres días después encontraron su cuerpo en su camioneta, al fondo de un barranco. El crimen ocurrió una semana antes de la elección de los integrantes del órgano encargado de garantizar que se cumplan los acuerdos tomados en asamblea, representar al núcleo ejidal y administrar los bienes comunes.

“El asesinato de José está lejos de ser el primero relacionado con la mina: periodistas y activistas locales alegan desapariciones y asesinatos relacionados con la oposición a Peña Colorada. Nadie ha sido imputado ante la justicia por ninguno de estos delitos”, señala la organización Global Witness en su informe de 2022 Una década de resistencia.

Isaac Chávez había prometido que, de ganar la presidencia del comisariado, iniciaría una lucha contra la minera. Tras sus declaraciones llegaron las amenazas, y su asesinato dejó un mensaje a quienes pugnan por defender el territorio y exigen el pago de regalías.

“Conforme más nos organicemos, ellos también avanzan y se imponen por la fuerza; en los últimos seis años se ha hecho más visible la participación [del crimen organizado]. En la medida en que oponemos más resistencia [a la mina], ellos ejercen más presión”, dijo un ejidatario.

“Desde que era paraestatal, la minera no ha rendido cuentas”, agregó otro poblador. “Santos tenía muy claro eso; abiertamente en la campaña dijo que, cuando ganara el comisariado, iba a ir con todo contra la minera. ‘Me la voy a chingar porque no paga bien’, decía, y luego lo mataron, fue un dolor muy grande”.

El defensor fue sacado por la fuerza de su domicilio por un comando armado. A Isaac Chávez se lo llevaron igual que a Monroy, desaparecido hace 13 años.

Desaparición y homicidio, modus operandi

La desaparición de Monroy y los asesinatos de Isaac Chávez y Trinidad de la Cruz, tres de los líderes comunales más visibles de los últimos 15 años en la región, se dio en momentos clave de negociación con la minera Peña Colorada y de cambio de autoridades del Comisariado Ejidal. Los tres eran abiertos opositores a la minería y la tala ilegal, aspiraban a presidir el órgano ejidal, y habían denunciado tanto la violencia en la zona como los nexos de actores gubernamentales y económicos con los grupos armados.

Antes de su desaparición, Monroy informó a sus familiares que estaba recibiendo amenazas. En ese tiempo, la minera negociaba con la comunidad ampliar la zona de extracción de hierro, a lo que se oponía el defensor. En junio de 2012, un grupo armado lo interceptó cuando viajaba de la comunidad de Telcruz a Ayotitlán; fue golpeado y amenazado de muerte. Por estos hechos presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Cuautitlán.

En la denuncia, de la que este medio tiene copia, Monroy señaló a Faustino Cobián de los Santos y Ernestino Ciprián Ocaranza entre los responsables. Ambos formaron parte de la Comisión Ejidal Plural de Ayotitlán que, un mes después del ataque, firmó con la minera el convenio de ocupación temporal que sumó 801 hectáreas para la extracción de hierro.

“Nos dijo que le estaban diciendo que lo iban a levantar, que por argüendero. A muchos no les parecía lo que estaba haciendo porque denunciaba todo, lo de la mina, la tala y muchas cosas. Después de que se lo llevaron, nosotros también denunciamos, nos dijeron que si seguíamos nos iba a pasar lo mismo que a él”, relató un familiar del defensor desaparecido.

Isaac Chávez retomó en 2018 la lucha legal para que un amparo ganado por la comunidad en 2014, que otorgaba la suspensión de plano de los actos reclamados —que incluían las concesiones mineras, las autorizaciones ambientales para su operación y los convenios de ocupación—, se hiciera efectivo y el ejido tuviera una adecuada representación legal. Para lograrlo, se postuló como presidente del Comisariado Ejidal para el periodo 2021-2023. Durante su campaña prometió que, si ganaba, actualizaría el padrón del ejido y revisaría los acuerdos establecidos con la minera.

Trinidad de la Cruz, quien participó con Isaac Chávez y Monroy en las acciones de defensa del territorio, continuó la lucha e impulsó y acompañó juicios sucesorios para el reconocimiento de los derechos de ejidatarios de Ayotitlán. Denunció el impacto ambiental causado por la mina a cielo abierto de Peña Colorada, el despojo de tierras y la violencia contra los pobladores, y la minería ilegal.

En febrero de 2020, la Profepa impuso una multa a la minera por incumplir la legislación ambiental para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales al extraer hierro y afectar una zona de amortiguamiento. De acuerdo con información del organismo, Peña Colorada incurrió, entre diciembre de 2018 y abril de 2021, en “destrucción de cauce y arbolado de la región” en perjuicio de la comunidad de Ayotitlán.

Los ejidatarios han denunciado ante instancias como la Profepa y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los daños ambientales que, aseguran, ha provocado la mina, como desaparición de mantos freáticos y acuíferos, contaminación del río que fluye desde Peña Colorada hasta la comunidad de Chacala, y la destrucción de más de 900 hectáreas de bosques.

Estas denuncias le generaron a Trinidad de la Cruz amenazas durante mucho tiempo. En julio de 2022 fue desaparecido de manera temporal y lo conminaron a detener su lucha. En febrero de 2023, sujetos armados entraron por la fuerza a su casa; al no encontrarlos ni a él ni a su familia, hicieron destrozos en la vivienda.

En los siguientes días y meses, las amenazas se intensificaron, hasta que en noviembre de 2023 fue desaparecido y asesinado. En ese tiempo era miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena y beneficiario del Mecanismo de Protección federal. Un mes antes, personal del mecanismo visitó a pobladores de la Sierra de Manantlán para hacer una reevaluación de la situación de riesgo en la zona. El defensor había manifestado su interés en contender para la presidencia del Comisariado Ejidal en el periodo 2024-2027; era el precandidato más fuerte.

Deforestación a la vista

Para moverse por las cercanías de Peña Colorada se necesitan dos cosas: conocer la zona y mantenerse muy atento a lo que se observa y se escucha.

“Está muy peligroso, pero ahí está uno aguantando. Todo es por la mina”, dijo un ejidatario entrevistado en 2023. “Cualquier cosa que hagamos se sabe, anda gente armada en camionetas. Ahorita ya saben que andamos aquí hablando con gente, por eso uno mejor se asienta tantito, pero con miedo y valor se hace la lucha de avanzar”.

Por la carretera federal 98, que recorre el estado de Colima al conectar Minatitlán con el puerto de Manzanillo —el más importante de México—, llegamos a un punto que sirve de mirador. Desde una brecha sin cobertura telefónica se alcanza a ver la destrucción causada por Peña Colorada: los enormes tajos en el deforestado Cerro Los Juanes crean una gran mancha de color gris y ocre; en la cima, ahora árida, hay un complejo de oficinas con maquinaria pesada que se utiliza en la mina a cielo abierto.

En las partes bajas del cerro se repite la imagen en una escala más pequeña; son los yacimientos de hierro de Piedra Imán, Las Marías, Chiconquiáhuitl y Cañada Verde, operados ilegalmente, según los ejidatarios, por el CJNG, en presunta complicidad con autoridades municipales y estatales, y personal de la mina, pese a que se interpusieron denuncias, aseguraron, ante la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República.

La huella de Peña Colorada está por todos lados: a lo largo de 46 kilómetros de la carretera federal 98, los ferroductos de 16 pulgadas de diámetro que transportan la pulpa de hierro con agua se mezclan con la vegetación y corren por un costado de la vía hasta la planta peletizadora ubicada en Manzanillo. Otros más pequeños conducen la línea de jales (residuos mineros) hacia la presa El Arrayanal.

Un kilómetro antes del tramo en que los ferroductos bajan desde lo alto de la sierra como si fueran grandes toboganes que se deslizan junto a la cuenca norte del río Marabasco, se encuentra el poblado Peña Colorada, construido para los trabajadores de la mina: el verde intenso del camellón y de los jardines contrasta con los edificios de paredes grises de ladrillo y balcones minúsculos, de los que asoman ropa colgada y antenas satelitales.

Según los ejidatarios entrevistados, desde hace más de una década la minera ha establecido alianzas con todos los actores de la zona para afianzar su poderío y permanencia sin ninguna oposición, e incluso ha intervenido en los asuntos políticos de la comunidad al favorecer económicamente, apoyar en campaña e imponer a los últimos presidentes del Comisariado Ejidal: Abraham Isaac Santos (2012), Ernestino Ciprián Ocaranza (2015), Juan Aguilar Díaz (2018) —detenido en enero de 2024 en relación con el homicidio de Trinidad de la Cruz—, Roberto Cobián Gutiérrez (2021) y Juan Mancilla Roblada (2024).

“Desde Abraham y Ernestino, en todo este periodo está el CJNG incidiendo con la minera, que manipula todo. Ayotitlán es una zona considerada entre focos rojos, saben que al haber minas hay delincuencia. Aquí hay asesinatos, secuestros, desaparecidos. […] Todos están involucrados, actúan como cártel y con el cártel; a Ternium le conviene que todo esté controlado para que no le hagan bulla”, afirmó Trinidad de la Cruz en un encuentro con esta reportera en 2022. “La minera aquí hace lo que le da su chingada gana, manipulando los derechos de los ejidatarios, amenazando a la gente, secuestrando”, denunció en una entrevista posterior.

En respuesta a este medio, la empresa señaló en junio de 2023 que “mantiene su compromiso con la transparencia y ratifica el respeto a los procesos internos de la asamblea ejidal, con base en el uso de las facultades que la ley les confiere”.

La lucha por la defensa del territorio ha traído consecuencias: tan solo en los últimos cuatro años, al menos 20 ejidatarios, los más aguerridos, han sufrido algún tipo de agresión; la más grave ocurrió en noviembre de 2023, cuando asesinaron a Trinidad de la Cruz.

Tras el crimen, durante algunos meses se detuvo la extracción de hierro de las minas ilegales, afirmaron ejidatarios y comuneros —cuyas tierras se encuentran dentro del polígono autorizado para la actividad minera— entrevistados en la primera semana de febrero. Pero desde finales de 2024 continuaron con la explotación, a la vez que se incrementó la presencia de presuntos integrantes del crimen organizado, mientras que la vigilancia de corporaciones de seguridad municipal o de la Guardia Nacional es casi nula.

“Las minas ilegales pararon después de lo de Higinio, pero ya se andan otra vez reactivando”, afirmó un ejidatario.

En su respuesta de junio de 2023, la empresa celebró que los medios dieran cobertura a “la creciente actividad de extracción irregular de mineral en la zona, negocio altamente lucrativo que ha generado grandes impactos al medio ambiente, la descomposición del tejido social e incremento de los índices de inseguridad y violencia en la región”.

El año pasado, relataron comuneros de El Naranjal, Mameycito, Las Pesadas y La Astilla, acudieron a estas poblaciones personas que se identificaron como representantes de la minera Peña Colorada y del Comisariado Ejidal, acompañados de hombres armados, para advertirles que empezarían los trabajos en la zona. “Tenemos acuerdos con el comisariado, hablen con ellos”, les dijeron. Actualmente, es visible la deforestación provocada por la maquinaria pesada.

“En la comunidad de El Mameycito, hasta han llegado con hombres armados, han dañado todo el bosque, donde ellos van ocupando tumban todo y empiezan a trabajar. Han tumbado miles de árboles y los armados nada más nos dicen ‘ni se metan’, que porque ya sabemos lo que puede pasar”, dijo un comunero entrevistado el pasado noviembre.

Aunque la explicación para trabajar en la zona es que los poblados están dentro del área de ocupación acordada por la minera, a ninguno de los comuneros le han mostrado un documento que justifique lo que consideran una invasión de la propiedad privada. Recuerdan que en 2021, tras plantarse en la zona y advertir que iban a defender su territorio, lograron que los trabajadores del consorcio se retiraran.

“Yo lo que quiero es que respeten mis tierras y mi posesión; no es interés de ellos por la tierra, sino por el hierro, por los minerales”, dijo un comunero que fue amenazado por negarse a firmar un acuerdo para entregar su propiedad. “Ahí andan explotando alrededor de las casas, tenemos todo escarbado. Estoy defendiendo mi comunidad, mi posesión, lo que trabajó mi padre; un día me citaron para firmar un documento y, cuando dije que no iba a firmar, dijeron que luego no ande llorando mi familia cuando me encuentren en bolsas negras”.

En lucha

La violencia que existe en la región ha derivado en diversas solicitudes de intervención. El relato de los hechos presentado en julio de 2021 por las organizaciones Tsikini y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, del que este medio tiene copia, abarca diez páginas. Incluye denuncias de amenazas, desapariciones temporales, agresiones y asesinatos. Son 28 casos de ejidatarios que han sufrido represalias por su activismo.

Tras la desaparición y asesinato de José Santos Isaac Chávez, la comunidad ingresó como beneficiaria al Mecanismo de Protección federal; cada seis meses, el organismo debe hacer una reevaluación del riesgo, según los acuerdos establecidos, pero las visitas al lugar fueron pospuestas varios meses.

En febrero de 2023, la reevaluación programada se canceló por “falta de recursos”, pese a que los ejidatarios insistieron en que, por su lucha contra la minera, su situación era similar a la que enfrentaban los comuneros de Aquila, donde el 15 de enero de ese año desaparecieron el líder nahua Antonio Díaz Valencia y el abogado defensor Ricardo Lagunes Gasca, quienes defendían los derechos de la comunidad ante Ternium, y eran acosados por la misma organización criminal, el CJNG.

Ternium y ArcelorMittal volvieron a ocupar los titulares tras el asesinato, el 4 de abril de 2023, de Eustacio Alcalá. El defensor firmó en 2018 un amparo, con otros miembros de la comunidad de San Juan Huitzontla, para lograr la cancelación de seis concesiones a filiales de ambas empresas para explotar hierro en este poblado de Michoacán, ubicado a 20 kilómetros de Aquila. En 2022, la comunidad ganó el amparo.

El 19 de octubre de 2023, el personal del mecanismo visitó Ayotitlán para reevaluar el riesgo. Higinio Trinidad de la Cruz fue asesinado un mes después.

La defensa del territorio en la Sierra de Manantlán ha estado marcada por la violencia; pese a ello, ejidatarios que han perdido a familiares, amigos y compañeros mantienen su lucha.

“Todo el proceso ha costado vidas, toda la gente que ha estado en contra y ha defendido sus recursos ha sido asesinada, desde que yo me acuerdo así pasó a los verdaderos luchadores, a los que se encargaban de protestar, de inconformarse, de hacer el movimiento, de defender realmente a la comunidad”, aseguró Trinidad de la Cruz en una entrevista realizada en febrero de 2023. “Puede que parezcamos locos, pero sabemos que solo muertos vamos a dejar de defender el territorio”.

** Foto de portada: Imagen de la deforestación que existe en los alrededores de la comunidad La Astilla, la más cercana a la mina. (Especial)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

BIO ANALY