08 de abril del 2025


En un hecho sin precedentes el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, declaró oficialmente que el Rancho Izaguirre, era un “centro de adiestramiento y capacitación” y no un centro de exterminio pese a las evidencias de todo tipo -documentales, testimoniales, gráficas, videográficas y científicas-, que evidencian materialmente lo contrario, en lo que de inmediato en diversos medios críticos e independientes, se comenzó a identificar como una nueva "verdad histórica" pero ahora de la 4T.

Durante la conferencia matutina de este martes el fiscal declaró en respuesta a un reportero que según su investigación, el predio donde otras fuentes difundieron restos y rastros de los exterminios sistemáticos de jóvenes, era un “centro de capacitación”.

También aseguro que hay 15 personas “que ya estaban detenidas” relacionadas con el caso, sin dar mayores detalles.

Sin ser exhaustivo ni aportar pruebas, ni rebatir las existentes con otras que superen eventualmente y sin lugar a dudas las que ya son públicas (gracias a los colectivos de búsqueda, fotógrafos profesionales, tanto como periodistas -con testimonios de víctimas, sobrevivientes etc.-, y datos iniciales con fotografías aportados por la propia Fiscalía de Jalisco), Gertz Manero no chistó en mentir ante medios masivos de comunicación, como lo ha venido haciendo en otros casos para imponer una versión oficial conveniente al gobierno en turno.

La declaración de Gertz Manero se da a solo días antes de que el alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) Oliver de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Frozada (CED), adelantara el inicio de un “proceso” con “carácter de urgente” debido a la prevalencia de las “desapariciones forzadas” en México, que de acuerdo con datos oficiales ya alcanzaron el récord de 126 mil 254, un hito internacional sin precedentes (dato del sitio oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda).

También este martes durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum -quien llamó la atención por salir disfrazada de indígena- dijo que envió una nota diplomática al organismo contra la desaparición forzada de la ONU, para rechazar la declaración que hizo el alto funcionario sobre la situación de México.

Al respecto Claudia Sheinbaum aseguró que en México "no existe desaparición forzada", pero por primera vez admitió un “fenómeno de desaparición vinculada a la delincuencia organizada” e incluso aseguro que su gobierno lo combate: “y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir”, dijo textualmente.

En relación a esto último es de destacar que hasta el momento la ONU y altos diplomáticos que han abordado el tema, nunca han responsabilizado al gobierno mexicano de ser directamente perpetradores o estar atrás de las “desapariciones sistemáticas” -término usado por el diplomático- en México, ya que de acuerdo a la Convención Internacional en la materia, la “desaparición forzada” puede ser efectuada tanto por gobiernos como por organizaciones criminales, con lo cual Sheinbaum de facto -y quizás sin darse cuenta- le dio la razón al presidente del CED.

No obstante la declaratoria de Gertz Manero y de la propia Claudia Sheinbaum a la postre evitarían que líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que han sido señalados y asumieron de hecho la operación del centro, sean procesados internacionalmente por delitos de "lesa humanidad".

De esta manera es destacable que Sheinbaum por primera vez haya responsabilizado a la criminalidad del país, de lo que llamó “fenómeno de desapariciones”.

A su vez Gerardo Fernández Noroña, el líder del Senado quien también como en su momento lo hizo Peña Nieto en el caso de la masacre de Texcoco en 2006, se enfrentó en días previos a estudiantes del CIDE, para de forma agresiva y autoritaria negar el centro de exterminio en el Rancho Izaguirre, y luego hacerse el ofendido.

Este desplante del senador recuerda a aquel que protagonizó Enrique Peña Nieto cuando se presentó con estudiantes de una universidad privada y descaradamente admitió haber dado la orden que acabó con la masacre de San Salvador Atenco en mayo del 2006, con solo unos meses en la administración pública de Edomex. Tras el incidente y el repudio de los estudiantes, Peña -quien acudió en calidad de candidato presidencial- decidió huir, tal y como lo hizo Noroña.

SURGE MÁS EVIDENCIA DOCUMENTAL

Casi simultáneamente a la conferencia de prensa en la cual el gobierno federal instauró lo que ya califican algunos medios como su “verdad histórica” en el caso de Tehuchitlán, el medio Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer documentos desclasificados que revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional, conocía la existencia de uncionarios y altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenían conocimiento de que en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, había presencia y actividades criminales.

Esto sin ningún tipo de restricción o indagatoria por parte de autoridades locales, estatales o fuerzas federales.

La revelación de estos documentos hecha por tierra el intento del gobierno mexicano por negar la configuración de posibles crímenes de lesa humanidad en ese sitio.

La primera evidencia de que Rancho Izaguirre era un centro de exterminio, además de un centro de reclusión forzada, surgió no solo de la transmisión en vivo, fotos y recopilación de materiales realizada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en su visita al sitio el 5 de marzo del 2025, visita que estuvo acompañada por elementos de la Guardia Nacional (GN), sino por la propia fiscalía de Jalisco que en comunicados expuso tempranamente la existencia de "cinco lotes de restos óseos", así como suficiente material gráfico que ya en la visita de medios realizada por la fiscalía y aplaudida por la presidenta Sheinbaum, no estaban y el terreno había sido limpiado y aplanado por completo, lo que podría configurar nuevos delitos en colusión con autoridades.