En los casi cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al menos 20 personas defensoras del ambiente y el territorio que fueron víctimas de desaparición siguen sin ser localizadas.

Desde 2019, el abogado Ricardo Lagunes y el líder nahua Antonio Díaz hicieron mancuerna para conseguir que la comunidad indígena de San Miguel Aquila tuviera una legítima representación. Al lograrlo tendrían herramientas para exigir pagos justos por la explotación minera que afecta a ese territorio desde la década de los noventa. Además, evitarían que la minería se extendiera aún más en la sierra de Michoacán que mira al Pacífico.

Las amenazas en contra de quienes han levantado la voz para defender el territorio han sido permanentes, sobre todo a partir del 2012. Ese año, Celedonio Monroy Prudencio, uno de los líderes más visibles de la comunidad, fue desaparecido. En abril de 2021, a J. Santos Isaac Chávez se lo llevaron y días después apareció muerto. Lo mismo ha sucedido con otros habitantes de la zona, varios más se han visto obligados a dejar el territorio.

Reunidos en El Salvador, 34 familiares de personas desaparecidas de México y Centroamérica compartieron experiencias y retos en la búsqueda de sus seres queridos. Sin cifras oficiales del número de víctimas en la región, exigieron a sus gobiernos que aprueben leyes y políticas públicas con presupuesto suficiente para enfrentar el delito

Enterrar a integrantes de grupos guerrilleros en calidad de desconocidos, como las víctimas de la masacre de Nepantla ocurrida hace 50 años, fue una práctica del Estado durante la “guerra sucia”; hoy día, las fallas en el registro de la información y la descoordinación entre instancias gubernamentales provocan que personas con identidad, reportadas como desaparecidas, terminen cada semana en fosas comunes como la del Panteón Civil de Dolores. Existe una metodología que comenzó a devolver identidades; su creador ha sido despedido de la Comisión Nacional de Búsqueda