Desde registros incompletos o erróneos en la versión pública especial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta operadores telefónicos sin capacitación en derechos humanos, junto con la búsqueda de familiares de víctimas de casos emblemáticos como Ayotzinapa y Cadereyta, el Gobierno federal acumula deficiencias en su nueva estrategia